SANTIAGO (AP) — El gobierno confirmó el jueves la colocación de un artefacto explosivo en el exterior de un edificio donde funcionan empresas de uno de los grupos empresariales más grandes de Chile, que no alcanzó a detonar porque fue retirada por la policía especializada.
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El hecho se registró a sólo 24 horas de la condena a 45 años de cárcel de un sujeto que entre 2017 y 2019 detonó una bomba en un paradero del transporte público y envió varios paquetes explosivos a antiguas autoridades de empresas estatales.
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La ministra del Interior, Carolina Tohá, declaró que “el paquete efectivamente era una bomba”. De acuerdon con las investigaciones preliminares, el objeto fue dejado en el edificio de la acomodada comuna de Las Condes el miércoles por la noche. El jueves fue ingresado a la administración por una persona que creyó que eran los periódicos del día, aunque luego un guardia del lugar advirtió que era un tubo con cables, y llamó a la policía. El edificio fue evacuado posteriormente.
En el edificio funcionan varios negocios del grupo industrial chileno Empresas Copec, que se encarga de la distribución de combustibles líquidos y gas natural en varios países, incluidos Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú. El consorcio pertenece al consorcio Angelini, el décimo más grande del país sudamericano, que también opera en rubros como el pesquero, forestal y portuario.
El fiscal Alex Cortéz precisó que se realizan diligencias de laboratorio para determinar la composición y mecanismo de la bomba, cuya colocación nadie se la ha atribuido de momento.
La inseguridad pública por el aumento de la delincuencia y la acción del crimen organizado son uno de los principales problemas que enfrenta el presidente Gabriel Boric, cuya popularidad cayó está semana a un 27%, empujada además por una oleada inflacionaria que llega a un 13,7% anual, una inmigración ilegal en el norte y una escalada de ataques incendiarios en el sur, según los analistas.
