LIMA (AP) — La Organización de Estados Americanos anunció que el jueves celebrará una cita extraordinaria de su Consejo Permanente a pedido de Perú que solicita aplicar la Carta Democrática Interamericana para “preservar el legítimo ejercicio del poder” en el país sudamericano.
En un documento colgado en el sitio de internet de la OEA, el secretario general Luis Almagro indica que recibió hace una semana el pedido del gobierno peruano con el fin de lograr aplicar dos artículos de la Carta para también mantener “la institucionalidad democrática”.
El pedido peruano a la OEA fue realizado el 12 de octubre por el presidente Pedro Castillo y su canciller César Landa, confirmó el ministerio de relaciones exteriores a The Associated Press.
En una carta de 11 páginas colgada en el sitio de internet de la OEA, Perú pide recibir ayuda “para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”. También solicita que Almagro o el Consejo Permanente dispongan visitas para analizar la situación política peruana que luego culminen en adoptar medidas para fortalecer la democracia en el país sudamericano.
Oscar Vidarte, profesor de relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Perú explica que el gobierno de Castillo está solicitando que la OEA “juegue un papel para velar por la democracia y pueda ayudar en la generación de condiciones para la gobernabilidad”.
“Implica una salida a la crisis política que está escalando y podría escalar mucho más”, añadió Vidarte.
En un aviso de prensa la OEA indicó que la reunión del Consejo Permanente se realizará en el Salón de las Américas, en la sede de Washington. Se presentará el primer vicepresidente y relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el guatemalteco Stuardo Ralón y el canciller peruano César Landa. Ralón visitó hace poco Perú.
Castillo ha sobrevivido a dos intentos de vacancia por parte de la oposición en el Congreso y a su vez la fiscal general Patricia Benavides ha realizado una denuncia constitucional ante el Parlamento al mandatario para poder investigarlo y acusarlo por presuntos delitos de corrupción.
Al mismo tiempo, la fiscal general realiza cinco investigaciones de forma preliminar a Castillo por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción, así como otra indagación adicional sobre el mandatario por un presunto plagio de su tesis de maestría en psicología educativa en 2012.
El gobierno ha respondido denunciando ante el Congreso a la fiscal general por supuesta infracción a la Constitución, abuso de autoridad y prevaricato.
En Perú un presidente no puede ser acusado durante su gobierno porque la Constitución en su artículo 117 dice que eso sólo ocurre en caso de traición a la patria, disolución del parlamento por casos diferentes a los permitidos o no convocar a elecciones o por impedir el funcionamiento del parlamento o de los organismos electorales.
Castillo dijo la semana pasada en conferencia con la prensa internacional que la decisión de la fiscal general busca ejecutar “una nueva modalidad de golpe de estado” para sacarlo del poder al cual llegó mediante elecciones libres y democráticas en 2021.
A su vez, la fiscalía indicó más temprano en Lima en una reunión informativa con la prensa internacional que posee “más de 190 elementos” que sustentan la denuncia contra el mandatario. La hipótesis fiscal afirma que Castillo lidera una organización criminal y habría cometido corrupción.
Según la ley, una subcomisión parlamentaria analizará la denuncia constitucional de la fiscal general y del mandatario. Los resultados podrían durar dos meses y son inciertos porque incluso dentro de la subcomisión de 25 miembros ni el oficialismo ni la oposición tienen mayoría consolidada.
El gobierno de Castillo empezó en 2021 y está previsto que termine el 28 de julio de 2026.