BRUSELAS (AP) — Los legisladores de la Unión Europea se negaron el martes a aprobar la forma en que la agencia europea de fronteras y guardacostas utilizó su presupuesto para 2020, debido a la preocupación por las graves faltas de conducta del personal y los problemas de derechos humanos relacionados con el trabajo de Frontex.
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Frontex supervisa las fronteras exteriores de las 27 naciones de la UE. La agencia está bajo presión por señalamientos de que estuvo involucrada en ls devoluciones ilegales de inmigrantes, especialmente en el Mar Egeo entre Grecia y Turquía. Su director ejecutivo renunció a principios de año después de una investigación de la oficina antifraudes.
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Durante una sesión plenaria en Estrasburgo, Francia, los legisladores votaron por 345 votos contra 284, con 8 abstenciones, para rechazar las cuentas de Frontex en 2020.
“Con un presupuesto de 900 millones de euros (884 millones de dólares) en 2022, Frontex es la agencia europea mejor financiada. Ya no podemos tolerar que se utilice dinero público para violar la legislación europea y el derecho internacional”, declaró el legislador de Verdes Holandeses, Bas Eickhout, después de la votación.
La medida no tiene consecuencias legales directas, pero obliga a las instituciones de la UE, en particular a la Comisión Europea, a tomar medidas para abordar las preocupaciones del Parlamento. En circunstancias similares en 1999, toda la comisión renunció en medio de acusaciones de corrupción.
Varios miembros del Parlamento de la UE han expresado su preocupación por el presunto suicidio de un miembro de Frontex aparentemente relacionado con denuncias de acoso sexual.
Un informe de la oficina antifraudes de la UE, OLAF, examinó las actividades de Frontex en Grecia desde la primavera hasta el otoño de 2020 y descubrió que la agencia no estaba investigando ni manejando correctamente las pruebas de las devoluciones de inmigrantes y, en ocasiones, intentó encubrirlas o abstenerse de informarlas en absoluto.
El término “pushbacks” (devoluciones) se usa principalmente en Europa para referirse al retorno forzoso de migrantes y refugiados a través de una frontera internacional sin una evaluación de sus derechos para solicitar asilo u otras formas de protección, violando tanto el derecho internacional como el de la UE.
