MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
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García y Morán fueron detenidos en la noche del viernes. También se han emitido órdenes de detención contra el excomandante de la cuarta brigada de Infantería, el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, residente en Virginia, Estados Unidos, por lo que se ha solicitado su extradición, informa el diario salvadoreño 'El Mundo'.
La detención provisional y la orden de captura también incluye al sargento Mario Canizalez Espinoza, del Batallón Atonal, y al coronel Rafael Flores Lima, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, ya fallecidos.
Todos están procesados por el delito de asesinato de los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen.
El exministro de Defensa y el exjefe del Estado Mayor Conjunto son procesados por asesinato por omisión y el exdirector de la Policía de Hacienda, el excomandante de la cuarta brigada de infantería y el sargento del Batallón Atonal, por ser los autores materiales de estos asesinatos.
El abogado de la acusación y apoderado de dos de los periodistas, Pedro Cruz, ha destacado el calado "histórico" de esta decisión judicial y ha puesto en valor la "valentía" de la jueza.
"Como acusadores particulares expresamos nuestra satisfacción por la resolución emitida, hemos trabajado en los últimos años para llegar a este paso, importantísimo para la justicia y la verdad. Es de verdad histórica, una resolución judicial de esta naturaleza luego de 40 años de impunidad. Una jueza valiente, la verdad", ha declarado Cruz.
Los periodistas fueron asesinados el 17 de marzo de 1982 por una patrulla del Batallón Atonal que salió de la Cuarta Brigada de Infantería, de El Paraíso, y que los emboscó en Santa Rita, Chalatenango, cuando se dirigían a una zona controlada por la guerrilla durante su cobertura periodística para la cadena IKON TV.
El 17 de marzo de 2022, cuando se cumplieron 40 años de los crímenes, familiares de los cuatro periodistas exigieron en El Salvador un juicio ágil y transparente, pidieron al gobierno y a las Fuerzas Armadas que reconozcan este crimen y faciliten los archivos para esclarecer los hechos.
