MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El derecho a morir dignamente no es nuevo en la legislación colombiana, sino que fue reconocido como fundamental y despenalizado por el Tribunal Constitucional en 1997 y en 2014 solicitó por primera vez al Ministerio de Salud que reglase el acceso para que se extendiese al sistema público sanitario, según recoge el diario 'Cambio'.
Por ello se reconoció el acceso a los cuidados paliativos, la interrupción voluntaria de procedimientos médicos y la eutanasia, aunque para poder ejercer esta última se debía: manifestar el deseo libre de hacerlo, tener una lesión o enfermedad grave o incurable, y sufrir de dolores físicos o psíquicos que no permitan llevar una vida digna a la persona.
Sin embargo, no cabía el suicido asistido, que es lo que solicita ahora el Alto Tribunal, aunque este tampoco está penalizado en el país por la sentencia de 1997, aunque el personal sanitario no está obligado de ninguna manera a llevarlo a cabo.