BRASILIA (AP) — Las empresas encuestadoras brasileñas enfrentan la amenaza de sanciones después de que sus sondeos para la primera vuelta de las elecciones subestimaron significativamente el apoyo al presidente y a sus aliados.
El Ministerio de Justicia pidió una investigación de la Policía Federal, mientras que el regulador antimonopolios lanzó el jueves una pesquisa sobre si los encuestadores formaron un cártel para manipular los resultados electorales. Sus aliados en el Congreso están impulsando diversas iniciativas de ley, una de las cuales establecería penas de prisión para los encuestadores que no pronostiquen los resultados con exactitud.
Varios analistas consultados por The Associated Press, incluso aquellos que dijeron que las encuestas tienen espacio para mejorar, criticaron estos planes.
“El principal objetivo no es mejorar las encuestas electorales, sino perseguir y castigar a los institutos”, expresó Alberto Almeida, quien dirige el instituto de investigación política Brasilis. “Hubo errores, pero votar un proyecto de ley, hacer una investigación en el Congreso, es una vergüenza. Querer penalizar esto no tiene sentido”.
Antes de la votación del 2 de octubre, muchas encuestas indicaban que Bolsonaro estaba muy por detrás del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Algunas incluso indicaban que Lula podría conseguir una victoria en la primera vuelta. La mayoría mostraba una diferencia que se acercaba o superaba los dos dígitos.
Pero Bolsonaro quedó a cinco puntos de Lula y ambos se medirán de nuevo en una segunda vuelta el 30 de octubre. Los aliados de derecha de Bolsonaro en las elecciones al Congreso y a cargos de gobernadores también obtuvieron mejores resultados de lo que indicaban las encuestas.
Durante las campañas electorales, Bolsonaro y sus simpatizantes se mofaron de las encuestas, y señalaban los mítines del mandatario repletos de gente. Esos, dijeron, representaban su verdadero apoyo.
Después de las elecciones, tomaron los resultados como prueba y se produjo una avalancha de ataques.
El ministro de Justicia, Anderson Torres, pidió a la Policía Nacional que investigara a las encuestadoras. El 4 de octubre escribió que la conducta de esas empresas parecía indicar una práctica delictiva, aunque no especificó qué ley podrían haber infringido.
La policía abrió su investigación el jueves, así como la entidad antimonopolios. Pero el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien también supervisa el tribunal electoral, bloqueó ambas investigaciones ese mismo día.
“Estas investigaciones parecen demostrar la intención de satisfacer la voluntad electoral (de Bolsonaro)”, escribió De Moraes en su fallo.
Por su parte, un senador progubernamental solicitó al Senado que investigue cuáles son los institutos que operan “fuera de los márgenes tolerables”.
Y la bancada de Bolsonaro en la cámara baja presentó un proyecto de ley para penalizar las encuestas realizadas dentro de los 15 días previos a las elecciones cuyos resultados difieran considerablemente con los de las urnas.
La propuesta de sancionar las encuestas erróneas va mucho más allá de los intentos previos en el Congreso de Brasil de prohibir simplemente los sondeos en el periodo inmediatamente anterior a las elecciones para que no puedan influir en los votantes.
El año pasado se aprobó un proyecto de ley de este tipo en la cámara baja, pero no fue retomado por el Senado.
Este tipo de periodos de veda son comunes en todo el mundo. No se pueden publicar encuestas en los 15 días previos a las elecciones en Chile e Italia, por ejemplo. Tampoco en los ocho días previos a las elecciones en Argentina; en los cinco días previos a las elecciones en España y en los tres días previos a las elecciones en México.
En contraste, es legal publicar sondeos en Grecia y el Reino Unido hasta un día antes de la votación.
En Estados Unidos no hay restricciones, aunque la mayoría de los medios de comunicación que patrocinan encuestas el día de las elecciones, incluida la AP, se reservan voluntariamente la publicación de información que pudiera anticipar el resultado en cada estado hasta que las urnas cierran.
Las leyes brasileñas actualmente prohíben la publicación de una encuesta fraudulenta, pero no aclaran cómo determinar que se ha producido un fraude, lo que deja espacio para la interpretación, afirmó la experta en derecho constitucional Vera Chemin, por lo que la nación debería debatir una reforma de esa legislación.
“Pero esto debe realizarse con calma e imparcialidad, cosa que no ocurre ahora”, dijo, y añadió que la propuesta de sancionar a las encuestadoras es “demasiado extrema”.
Según los términos de la ley, los directores y coordinadores de las encuestas, así como los clientes que encarguen un sondeo erróneo, podrían enfrentar penas de entre cuatro y 10 años de prisión y multas.
El impulsor del proyecto de ley, el diputado Ricardo Barros, indicó en una entrevista que enfrenta la resistencia de otros legisladores, pero describió la medida como una alternativa a la prohibición de las encuestas antes de las elecciones, algo que el Tribunal Supremo había declarado inconstitucional.
“Preferiría prohibir las encuestas, pero como no podemos hacer lo mismo que otros países, las encuestadoras necesitan técnicas adecuadas para que los resultados converjan con lo que vemos en la votación”, dijo.
La asociación de encuestadoras de Brasil expresó su “indignación” por los intentos de tomar medidas legales contra ellas. Aseguró que las encuestas del país son “diagnósticos, no proyecciones” y que siguen los estándares internacionales.
El analista político Eduardo Grin, de la Fundación Getulio Vargas, universidad y centro de estudios de Sao Paulo, criticó que el proyecto de ley de Barros no establezca como necesaria una conducta dolosa para la sanción, y dijo que refleja el intento de Bolsonaro de poner a prueba a la opinión pública con medidas que limiten el acceso de la sociedad a la información.
Prácticamente no pasa un día de campaña sin que haya resultados de una nueva encuesta. La primera ronda de este año tuvo nada menos que 975 encuestas sobre los candidatos presidenciales, un 92% más que en 2018, según Daniel Marcelino, analista de datos del sitio de noticias Jota que contabilizó las encuestas registradas ante la autoridad electoral.
No está claro por qué muchas encuestas no acertaron respecto al apoyo hacia Bolsonaro.
Los analistas han afirmado que los encuestados que dijeron estar a favor de otros candidatos parecieron inclinarse por Bolsonaro en el último momento.
Algunos indicaron que los llamados “votantes tímidos” se habían avergonzado de revelar su apoyo a Bolsonaro. Otros señalaron que los datos obsoletos del censo habían perjudicado el diseño de las encuestas.
Adriano Oliveira, director de Intelligence Scenario, una encuestadora con sede en el estado de Pernambuco, dijo que muchos sondeos formulan las preguntas de manera que sesgan los resultados.
Dijo que primero deberían preguntar si los encuestados han seleccionado un candidato para evitar presionar por una respuesta que no sea indicativa de su eventual voto. También comentó que los medios de comunicación suelen presentar y difundir los resultados como si la intención de voto no estuviera sujeta a cambios.
Sin embargo, dijo, “esta cruzada contra los institutos de investigación es absurda. Al fin y al cabo se trata de una empresa, que funciona conforme al libre mercado. La gente decide qué instituto tiene más credibilidad”.