LIMA (AP) — La ministra peruana de Cultura Betssy Chávez presentó el miércoles una denuncia constitucional ante el Congreso contra la fiscal general Patricia Benavides por infracción a la Constitución, abuso de autoridad y prevaricato.
El choque entre el gobierno y la fiscal general estalló un día antes, cuando Benavides, en una decisión inédita, denunció a Castillo ante el Parlamento apelando a una convención internacional contra la corrupción de las Naciones Unidas.
En Perú un presidente no puede ser acusado durante su gobierno porque la Constitución, en su artículo 117, dice que eso sólo sucedería en caso de traición a la patria, disolución del Parlamento por casos diferentes a los permitidos o no convocar a elecciones, o por impedir el funcionamiento del poder legislativo o de los organismos electorales.
En el país sudamericano, una denuncia constitucional es la que se efectúa ante el Parlamento contra un funcionario de alto rango. Si es aprobada, el funcionario es juzgado ante un juez como el resto de los ciudadanos.
La denuncia presentada por la ministra Chávez, quien es abogada y congresista, dice que la acusación ante el Parlamento efectuada por la fiscal general contra el presidente se refiere a delitos no señalados por el artículo 117. Una copia del documento, obtenida por The Associated Press, indica que la denuncia de la fiscal contra Castillo evidencia una connotación “puramente política” y forma parte de "un plan sistemático para desestabilizar al gobierno".
Chávez señala en su texto que Benavides busca aplicar "los Tratados Anticorrupción de Naciones Unidas por supuestos indicios no corroborados, sin ninguna prueba y poniéndolo absurdamente por encima de la Constitución, con el único fin de perpetrar un golpe de Estado”.
En su denuncia del martes, la fiscal general dice que el mandatario habría cometido los supuestos delitos de organización criminal y corrupción.
“No hay vicio más excecrable que la codicia, sobre todo entre quienes gobiernan la nación, pues servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal”, manifestó Benavides en un pronunciamiento.
En una conferencia de prensa con reporteros internacionales esa noche, Castillo declaró que la decisión de la fiscal busca ejecutar “una nueva modalidad de golpe de Estado” para sacarlo del poder, al cual llegó por la vía electoral en 2021.
La fiscalía mantiene otras cinco investigaciones preliminares contra Castillo por los mismos delitos arriba mencionados, así como otra indagación adicional por un presunto plagio de su tesis de maestría en psicología educativa en 2012.
Según la ley, una subcomisión parlamentaria de 25 miembros analizará ambas denuncias constitucionales, y podrían pasar hasta dos meses antes de que se anuncien los resultados. Éstos son inciertos porque ni el oficialismo ni la oposición tienen una mayoría consolidada en la subcomisión. En más de 14 meses de gobierno, Castillo ha sobrevivido a dos intentos de destitución por supuesta “incapacidad moral” porque la oposición no cuenta con los 87 votos para removerlo.
Su gobierno empezó en 2021 y está previsto que termine el 28 de julio de 2026.