BOGOTÁ (AP) — El Congreso colombiano aprobó en último debate el acuerdo regional de Escazú, pionero en materia de protección ambiental, tras casi tres años de tránsito en el Legislativo y con el impulso renovado que le dieron las mayorías gobiernistas del presidente Gustavo Petro.
PUBLICIDAD
El acuerdo fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y promueve la protección de los defensores del medio ambiente, el acceso a la información y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales. En caso de ser ratificado, Colombia se uniría a otros países como Bolivia, Uruguay y México que ya lo han aprobado.
PUBLICIDAD
Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales, según el más reciente informe de la organización internacional Global Witness. En 2021 fueron asesinados en Colombia al menos 33 defensores de la tierra y el medioambiente, una cifra superada por México que acumuló 54 homicidios.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes con 119 votos a favor y uno en contra en la noche del lunes. Para ser ratificado, resta que el Senado y la Cámara hagan una conciliación para unir los dos textos que fueron aprobados en discusiones independientes, luego el presidente Petro lo podrá firmar para convertirlo en ley y la Corte Constitucional lo revisará como último recurso.
“Lo que acaba de hacer el Congreso de la República es ratificar el querer de la juventud y los defensores ambientales en los territorios más alejados de Colombia”, celebró ante el Congreso la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.
La aprobación en Colombia del acuerdo, originado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), recibió asimismo el beneplácito de Juliette de Rivero, la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos humanos, quien en Twitter recordó que su aprobación fue una de las recientes recomendaciones dadas a Colombia para la protección de las personas defensoras del ambiente y la institucionalidad ambiental.
El convenio también ha tenido fuertes críticos, especialmente del Centro Democrático, que hasta hace unos meses era el partido de gobierno del entonces presidente Iván Duque (2018-2022). Durante la votación en último debate la oposición se retiró en un acto de protesta.
Christian Garcés, congresista del opositor Centro Democrático, advirtió antes de ausentarse que aprobar el tratado es una “ingenuidad” y un “peligro para la soberanía del país”. En su opinión, el acuerdo abre la posibilidad de que cualquier persona, organización no gubernamental o país pueda “demandar a nivel internacional proyectos de inversión pública y privada” en Colombia.
El gobierno de Petro, el primero de izquierda en el país, se propone metas a corto plazo para iniciar la implementación del acuerdo de Escazú como poner en marcha una estrategia de acompañamiento a defensores ambientales y fortalecer las veedurías ciudadanas.
