MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
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El proyecto está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, ligado a su vez a los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, y ha sido impulsado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), la Confederación ASPACE, la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF) y la Confederación Autismo.
El objetivo es impulsar el diseño de modelos innovadores de apoyo a la autonomía personal, la vida independiente y la participación social de personas con discapacidad. De esta forma, Rumbo pretende dar respuesta a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, en su artículo 19 reconoce el derecho a vivir de forma independiente.
Y es que, la falta de servicios adecuados en la comunidad, la dificultad de acceso a la vivienda o la falta de apoyo técnico y asistencia personal, junto a la escasez de medios económicos y materiales, son los principales retos a los que se enfrentan las entidades del Proyecto Rumbo.
Para dar respuesta a todos ellos, se trabaja en soluciones innovadoras para adecuar las condiciones de vida y el entorno a las necesidades de las personas con discapacidad.
Así, durante tres años el Proyecto Rumbo coordinará el trabajo de 22 entidades en Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León y Galicia en las que se está analizando la situación actual de necesidades y apoyos con los que cuentan a día de hoy las personas con discapacidad. De este análisis surgirán diferentes propuestas, acciones e iniciativas que se ajustarán a las demandas que requieren las personas de cada colectivo de la discapacidad.
Aunque el plazo para llevar a cabo estas actuaciones finaliza en diciembre de 2024, el Proyecto Rumbo se aborda con una visión integradora, global y sostenible en el tiempo.