NUEVA ORLEANS (AP) — Una corte federal de apelaciones le ordenó el miércoles a un tribunal menor que revise las modificaciones que realizó el gobierno del presidente Joe Biden al programa DACA, el cual evita la deportación de cientos de miles de inmigrantes traídos a Estados Unidos durante su infancia.
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La Corte de Apelaciones del 5to Circuito señaló que un juez federal de Texas deberá dar una nueva revisión al programa luego de las modificaciones implementadas en agosto. Por ahora, el fallo deja en el aire el futuro del programa, denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, pues los beneficiarios actuales están protegidos, pero se tienen prohibidas las nuevas inscripciones.
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En un comunicado, Biden señaló que estaba “decepcionado” con el fallo, y resaltó: “La orden de la corte ofrece un respiro temporal para los beneficiarios del DACA pero una cosa queda en claro: La vida de los ‘dreamers’ sigue en el limbo”, señaló, refiriéndose a los beneficiarios del DACA por el nombre con el que se les conoce comúnmente y que se forjó a raíz de la iniciativa de ley DREAM que nunca se aprobó.
“Y si bien usaremos las herramientas que tenemos para permitir que los ‘dreamers’ vivan y trabajen en el único país al que conocen como hogar, ya es hora de que el Congreso apruebe protecciones permanentes para los ‘dreamers’, incluyendo opciones para naturalizarse", añadió el mandatario.
El grupo activista Families Belong Together declaró en un comunicado: “Es hora de que el Congreso y Biden cumplan su promesa".
El gobierno del expresidente Barack Obama implementó el DACA, pero su avance se ha visto complicado por diversas impugnaciones en tribunales federales.
El juez federal Andrew Hanen en Texas declaró ilegal el DACA el año pasado. Determinó que el programa no había estado sujeto a avisos públicos y periodos de comentarios públicos como lo exige la Ley de Procedimientos Administrativos. Pero mantuvo el programa temporalmente intacto para los beneficiarios actuales hasta que se resolviera el proceso de apelación.
“Los actuales beneficiarios del DACA pueden renovar su estatus y solicitar un permiso condicional humanitario con antelación, pero el fallo sigue bloqueando que se les otorguen las protecciones del DACA a los nuevos aspirantes”, dijo el Immigrant Legal Resource Center (Centro de Recursos Jurídicos para los Inmigrantes), una organización activista, en un comunicado. El organismo es uno de varios defensores de los derechos de los migrantes que reiteró el miércoles su llamado al gobierno de Biden y al Congreso para que protejan a los beneficiarios del DACA.
El fallo del miércoles por parte de tres jueces del tribunal federal de apelaciones con sede en Nueva Orleans ratifica los hallazgos iniciales del juez, pero le envía el caso de regreso para que le dé un vistazo a una nueva versión de la medida emitida por el gobierno de Biden a finales de agosto. La nueva versión entra en vigor el 31 de octubre.
“Un tribunal de distrito está en la mejor posición de revisar el expediente administrativo en el proceso de reglamentación”, señala la opinión de la jueza Priscilla Richman, del 5to Circuito, quien fue nominada al cargo por el presidente George W. Bush. Los otros miembros del panel fueron los jueces Kurt Engelhardt y James Ho, ambos designados por el presidente Donald Trump.
Las 453 páginas con las nuevas reglas son en su mayoría técnicas y representan cambios sustanciales mínimos respecto al memo de 2012 que creó el DACA, pero fue sujeto a comentarios públicos como parte del proceso formal de reglamentación con el fin de mejorar sus posibilidades durante el proceso legal.
La Corte del 5to Circuito celebró una audiencia en julio en la que el Departamento de Justicia, en alianza con el estado de Nueva Jersey, organizaciones de defensa de los inmigrantes y una coalición de grandes corporaciones como Amazon, Apple, Google y Microsoft, defendieron el programa. Argumentaron que los beneficiarios del DACA se han convertido en impulsores productivos de la economía estadounidense, manteniendo y creando empleos, y gastando dinero.
Ocho estados de tendencia republicana se sumaron a Texas para argumentar que resultan perjudicados financieramente al gastar cientos de millones de dólares en servicios de salud, educación y otros costos cuando se les permite a los inmigrantes permanecer en el país de forma ilegal. También argumentaron que la Casa Blanca sobrepasó su autoridad al otorgar beneficios migratorios que son potestad del Congreso.
Se prevé que el DACA llegue ante la Corte Suprema por tercera vez. En 2016, el máximo tribunal se estancó en una decisión 4-4 sobre la expansión del programa y sobre una versión para los padres de los beneficiarios del mismo, manteniendo en vigor un fallo de una corte de menor instancia que bloqueaba los beneficios. En 2020, la Corte Suprema determinó 5-4 que el gobierno de Trump puso fin al DACA de manera indebida al no seguir los procedimientos federales, lo que le permitió mantenerse en vigor.
Los beneficiarios del DACA se han convertido en una influyente fuerza política a pesar de que no pueden votar, pero sus esfuerzos para lograr que el Congreso les abra una vía a la naturalización han fracasado. Cualquier amenaza inminente a la pérdida de permisos de trabajo y que los deje expuestos a la deportación podría presionar al Congreso a protegerlos, incluso con un recurso provisional.
El gobierno de Biden decepcionó a algunos activistas en favor del DACA con su estrategia legal conservadora de mantener sin cambios la edad de elegibilidad. Los beneficiarios del DACA tenían que haber estado en el país en junio de 2007, un requerimiento cada vez más difícil de alcanzar. La edad promedio de los beneficiarios del DACA era de 28,2 años a finales de marzo, en comparación con 23,8 años en septiembre de 2017.
A finales de marzo había 611.270 personas inscritas en el DACA, incluyendo 494.350, o el 81%, procedentes de México, así como grandes números de guatemaltecos, hondureños, peruanos y surcoreanos.
