CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Estados Unidos deportó el miércoles a Guatemala al excandidato presidencial Manuel Baldizón, declarado culpable en ese país de lavado de dinero proveniente del narcotráfico con el que financió su campaña electoral.
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Baldizón, que en Estados Unidos se declaró culpable de lavar dinero del narco, fue entregado a las autoridades guatemaltecas. Esposado, con casco y chaleco antibalas, la policía lo trasladó a la torre de tribunales para que un juez decida su situación jurídica. Allí se le retiraron las esposas y él se colocó un cabestrillo, diciendo que lo habían golpeado.
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El político les dijo a periodistas que venía a contar su verdad y a denunciar a autoridades que anteriormente lo habían acusado.
"Aquí hay que venir a denunciar como ciudadano guatemalteco y con la verdad en la mano", declaró.
“Guatemala tiene derecho a conocer la verdad, Guatemala tiene derecho a conocer a aquéllos que bajo el escudo de la impunidad, el uso disfrazado de artimañas, se esconden, haciéndole creer a la población que son paladines de la verdad y la justicia”, agregó.
En 2019 fue condenado a 50 meses de prisión, pero se le dejó en libertad 18 meses antes de que terminara de cumplir la sentencia.
Además del caso por el que fue condenado en Estados Unidos, sobre el político pesan dos órdenes de aprehensión por dos casos de corrupción distintos.
Juan Luis Pantaléon, vocero de la fiscalía, confirmó lo anterior a The Associated Press: una de ellas es por el caso Odebrecht, por los delitos de lavado de dinero, cohecho activo y asociación ilícita, y otra por el caso Transurbano por los delitos de lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito y financiamiento electoral no registrado.
El caso Odebrecht gira en torno a la constructora brasileña del mismo nombre, que según una pesquisa sobornó a políticos guatemaltecos a cambio de beneficios, mientras que el caso Transurbano versa sobre la malversación de fondos estatales a través de un proyecto del sistema de prepago para las unidades de transporte púbico urbano, con el cual se sustrajeron 35 millones de dólares del Estado guatemalteco.
Ambos casos fueron investigados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de las Naciones Unidas que desmanteló aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado durante 12 años, junto a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
En 2019 finalizó el mandato de la CICIG debido a que el entonces presidente Jimmy Morales se rehusó a que continuara, aduciendo excesos y luego de que ésta denunciara que familiares del exmandatario habían participado en actos de corrupción. Tras la salida de la CICIG, la FECI se quedó sin apoyo y el entonces jefe de la institución, Juan Francisco Sandoval, tuvo que huir del país y denunció ser blanco de una persecución por parte de la fiscal general Consuelo Porras por sus investigaciones contra la corrupción.
La Dirección de Migración dijo que el avión que trajo a Baldizón arribó al mediodía con otros 130 guatemaltecos deportados desde Mesa, Arizona.
