MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
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La organización ha entregado esta semana más de 47.000 firmas a la Delegación del Gobierno de Madrid, encargada de coordinar la Comisión interministerial sobre la Cañada Real y de dialogar con la Comunidad de Madrid y los tres ayuntamientos implicados (Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada) para que se restablezca la distribución de energía en condiciones justas para todas las familias, priorizando a aquellas con hijos e hijas con mayores necesidades.
"Dos años después, tras vivir situaciones extremas como la tormenta Filomena en enero de 2021 sin electricidad con la que calentar sus hogares o las olas de calor de este verano sin tener medios para refrigerar alimentos, estos niños, niñas y adolescentes comienzan un nuevo curso en una situación extrema", señala la directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo.
"Seguimos ante una clara vulneración de los derechos de la infancia, como el derecho a la educación y a la salud, denunciadas también por el Comité de Derechos del Niño y el Defensor del Pueblo", añade.
La ONG lamenta que, pese a la movilización de las asociaciones vecinales, que han convocado distintas concentraciones durante estos dos años exigiendo acceso al suministro eléctrico y contratos para las familias, las soluciones siguen pareciendo lejanas.
Por ello, califica el escenario de "urgencia" para evitar que en los próximos meses, ante la llegada del invierno, "vuelvan a producirse situaciones graves", como la de Lina, la niña de tres años conectada a un respirador eléctrico que tuvo que ser evacuada de urgencia el invierno pasado cuando se congeló el aparato que la mantenía con vida.
NINGUNA SOLUCIÓN EN ESTOS DOS AÑOS
Save the Children recuerda que la puesta en marcha del Grupo interministerial impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 hace un año para dar soluciones integrales a la población de la Cañada Real se planteó como un nuevo espacio de negociación.
"Se ha avanzado en las propuestas de realojo a largo plazo, que deben ser consensuadas con las familias de la Cañada Real y hacerse conforme al interés superior de los niños y niñas realojados, pero no en lo relativo al restablecimiento de la luz por la falta de competencias de este grupo de trabajo, que es lo realmente urgente para los niños, niñas y sus familias", asegura la ONG.
"Un posible realojo en el futuro no puede paralizar la solución a esta vulneración de derechos y es necesario que se exploren otras vías de solución desde las herramientas jurídicas y administrativas de las Administraciones Públicas", concluye.
