MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
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Bolsonaro, de 67 años, ha prometido que seguirá con las mismas políticas de los últimos cuatro años, en especial aquellas relacionadas con la privatización de empresas estatales estratégicas, como la energética Petrobras, con la que espera hacer posible una de sus promesas de campaña, tener el combustible más barato del mundo.
Representante de los sectores más conservadores de Brasil, no ha escondido nunca su admiración por la dictadura militar brasileña (1964-1985), ha ido pasando por una decena de fuerzas políticas hasta que a finales del año pasado se unió a las filas del Partido Liberal para poder lanzar su candidatura.
A lo largo de estos cuatro años Bolsonaro ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal bandera política y se ha presentado en campaña como el autor de que el país haya logrado reducir la pobreza gracias a los programas de ayudas sociales que garantizan apoyo financiero a las familias pobres, aunque estas apenas duraron unos meses en plena pandemia.
Su gestión de la crisis sanitaria ha sido ampliamente criticada tanto fuera como dentro del país, tanto que ocasionó una investigación parlamentaria que concluyó que habría cometido hasta nueve delitos. No solo minimizó su alcance, llegó a calificar la enfermedad de "gripecita", sino que además recomendó el uso de remedios ineficaces por delante de la vacuna, cuya compra retrasó.
El presidente brasileño encara sus aspiraciones de reelección con al menos seis causas pendientes en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior Electoral (TSE), organismos contra los que ha intensificado en los últimos meses sus ataques, coincidiendo con la recuperación de los derechos políticos del expresidente Lula.
Así, ha liderado una particular cruzada contra las urnas electrónicas, así como contra el sistema electoral brasileño, sembrando las dudas acerca de su fiabilidad desde el primer momento en el que Lula comenzaba a salir en las encuestas como favorito para tomar las riendas de Brasil a partir de las siguientes elecciones.
Su triunfo en los comicios de 2018 se produjo en un contexto repleto de arbitrariedades judiciales, entre ellas la detención del propio Lula, que como ahora, partía con ventaja en las preferencias de los brasileños. El Tribunal Supremo concluyó en 2021 que el proceso contra el expresidente, instruido por el que luego fue ministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, fue parcial e injusto.
Los grupos que más rechazan a Bolsonaro son los desempleados, los negros, los estudiantes, los jóvenes y las mujeres, un sector, este último, que su equipo de campaña ha intentado seducir sin éxito a través de la figura de la primera dama, Michelle Bolsonaro, el perfil de mujer --cristiana evangélica conservadora que rechaza la agenda feminista-- en el que todavía puede rascar a algunos votos.
Solo un 29 por ciento de las electoras confía en Bolsonaro, mientras continúa protagonizando polémicas con mujeres de por medio, como cuando atacó verbalmente a una periodista en el primer debate electoral, o bien defiende agilizar el acceso a las armas para que las mujeres puedan defenderse en detrimento de endurecer las leyes para combatir la violencia machista.
La cuestión indígena es otro de los asuntos que se le han reprochado, si bien es cierto que estas comunidades han venido denunciando el abandono de gobiernos anteriores. No obstante, las políticas de demarcación de tierras fueron olvidadas bajo su mandato, en cuyos primeros dos años se produjo un fuerte aumento de las invasiones, asesinatos, así como de la explotación ilegal de recursos.
Bolsonaro acude a la cita del 2 de octubre con las expectativas de forzar una segunda vuelta que le enfrente cara a cara con el principal favorito, el expresidente Lula, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera las encuestas antes incluso de que anunciara de manera oficial que se postularía para volver al cargo.
