Una demanda federal ha sido interpuesta contra ocho entidades y tres individuos en relación con el tiroteo de mayo en el que murieron 19 estudiantes y dos profesoras en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas.
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La demanda, reportada primero por el periódico San Antonio Express-News, fue incoada el miércoles ante el tribunal federal de distrito de Del Rio por un padre de familia cuyo hijo resultó herido en el tiroteo y dos padres cuyos hijos se encontraban en la escuela en ese momento. Las abogadas de los padres dijeron que es la primera demanda federal relacionada con la masacre.
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“Los horrores del 24 de mayo de 2022 sólo fueron posibles porque muchas personas en posiciones de poder fueron negligentes, descuidadas e imprudentes”, de acuerdo con un comunicado de Stephanie B. Sherman, una de las dos abogadas que representan a los padres de familia.
“Ya estamos oyendo que muchos (estudiantes) temen por sus vidas”, comentó Monique Alarcon, la otra abogada. “Este caso es acerca de garantizar que tengan acceso a la atención y los recursos que necesitan”.
La demanda alega que hubo una violación a los derechos al debido proceso, negligencia, estrés emocional y otras infracciones por parte del distrito escolar de Uvalde, la ciudad, el fabricante de armas de fuego Daniel Defense, el distribuidor de armas Oasis Outback y el fabricante de accesorios para armas de fuego Firequest International.
En el documento también se nombra al fabricante de dispositivos de radiocomunicación Motorola Solutions, al fabricante de cerraduras para puertas Schneider Electric USA, al jefe de la policía escolar despedido Pete Arredondo, y al teniente de policía suspendido Mariano Pargas, que era el jefe interino de la policía municipal en ese momento.
La respuesta policial al tiroteo fue sumamente criticada debido a que cerca de 400 agentes acudieron a la escuela, pero aguardaron más de una hora para confrontar y matar al agresor.
La directora de la escuela, Mandy Gutierrez, que fue reincorporada a su puesto tres días después de haber sido suspendida cuando refutó un informe muy crítico de una comisión legislativa en el que se alegaba que en la escuela había una “cultura de la complacencia”, también es nombrada en la demanda.
La querella alega que los productos de Motorola no funcionaron dentro de la escuela, “dejando a los socorristas sin información transmitida por la central y/u otros socorristas”, y que las cerraduras de “Schneider Electric no se cerraron con llave según están diseñadas luego de haber sido cerradas".
Los acusados rechazaron comentar al respecto o no respondieron los mensajes enviados por The Associated Press el jueves.
La demanda exige indemnizaciones por daños y perjuicios no especificados por parte de cada acusado, salvo el distrito escolar y la ciudad, a los que la ley estatal exime de tales indemnizaciones.
