NEIVA, Colombia (AP) — Lo que solía ser un campamento improvisado en el que más de 1.000 familias se asentaban en un predio privado de Neiva, al centro-sur de Colombia, se convirtió el jueves en un terreno desolado con algunos colchones y cocinas abandonadas. La víspera, los ocupantes fueron desalojados por policías antimotines, pero advierten que quieren regresar.
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El asentamiento de Neiva es sólo uno de los 108 casos de invasiones de tierras que ocupan unas 6.000 familias en todo el país, según estimaciones de la estatal Defensoría del Pueblo, avivando uno de los problemas más antiguos de Colombia: la disputa por el acceso a la tierra. La entidad advirtió que en 13 casos habría una “vinculación con estructuras o grupos armados ilegales”, sin detallar cuáles.
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Sosteniendo un colchón sobre su hombro, Rigoberto Gutiérrez, uno de los ocupantes del terreno de Neiva, relató a The Associated Press que viajó desde Guaviare, un departamento cercano, cuando escuchó que en Neiva miles estaban ocupando un predio amplio para exigir viviendas propias.
“No sabemos qué hacer con este gobierno, a los pobres nos tienen abandonados”, dijo Gutiérrez desde la invasión, que al inicio fue bautizada como “Asentamiento Gustavo Petro”, en honor al presidente.
“Tantas casas, fincas que hay para trabajar y nada que nos ayudan”, lamentó Gutiérrez.
Con la reciente llegada de Gustavo Petro al poder aumentaron las invasiones de tierras privadas por parte de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que desde hace años las reclaman como propias. Algunas son bienes baldíos, pero otros son predios privados de hacendados ganaderos o de ingenios azucareros.
Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, prometió en campaña sacar adelante una reforma agraria que permitiera un acceso más equitativo de la tierra. Sin embargo, ahora que las comunidades invadieron la tierra, el gobierno les ha solicitado que se abstengan y salgan de los terrenos so pena de ser desalojados o investigados, aumentando la tensión que se vive en varios departamentos del país.
La situación más delicada se presenta en el departamento del Cauca, al suroeste del país, donde grupos indígenas invadieron en años recientes miles de hectáreas de haciendas privadas que han llamado “puntos de liberación”, generando un conflicto entre varios sectores de la población: los hacendados dueños de los terrenos que usualmente tienen cañaduzales, así como los trabajadores que tratan de evitar que continúe la ocupación y algunas comunidades afrodescendientes que también reclaman tierras.
Rafael, un líder del pueblo indígena Nasa que prefirió no dar su apellido por miedo a ser judicializado, detalló a la AP que en el norte del Cauca tienen posesión de 24 haciendas y en otros sectores cercanos hay decenas más.
Las comunidades se desplazaron buscando tierra fértil con suficiente agua para sembrar y subsistir con sus familias, que incluyen niños y ancianos, aseguró Rafael.
Edwin, otro líder indígena que también se negó a dar su apellido, explicó que para el proceso de “recuperación” de los predios -como llaman a las invasiones- lo primero que hacen es erradicar los cultivos de caña para luego sembrar los propios. Viven en tiendas rústicas que ellos mismos han construido y que rotan de ubicación para evitar a las autoridades que suelen sobrevolar los terrenos con drones.
Del otro lado de la moneda están los dueños de las tierras y los trabajadores de los ingenios azucareros. Juan Carlos Agudelo, de la comunidad afrodescendiente, hace parte de un grupo de trabajadores que en los últimos meses han resguardado la entrada de una hacienda de 2.000 hectáreas para evitar que los grupos indígenas las invadan.
“Llegan a la finca (hacienda), pintan las paredes, la maquinaria con sus mensajes y dicen que van a volver a tomarse la tierra”, relató a la AP Agudelo, quien asegura que algunos indígenas han utilizado explosivos artesanales. Se trata de un problema complejo debido a que los indígenas también denuncian presunto exceso de la fuerza de las autoridades cuando intentan desalojarlos.
El gobierno ha dispuesto mesas de diálogo en el Cauca y también en Neiva buscando salidas. Sin embargo, en general se trata de comunidades rurales que carecen de tierra y su fin último es obtenerlas. En algunos casos reclaman ser víctimas del conflicto armado que se extendió por cinco décadas en Colombia y que obligó a más de ocho millones de personas a desplazarse forzosamente.
Para Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, hay una discrepancia entre la retórica del presidente y lo que está legalmente sobre el papel que son los deberes del Estado.
“El presidente indicó que la tierra va a quedar distribuida y legalizada en manos de campesinos sin tierra, pero aún nada está sobre papel. Lo que entienden los campesinos y quienes están en el territorio es que ya es un hecho, que se puede invadir", señaló a la AP Dickinson.
Petro ha propuesto que el Estado compre al menos tres millones de hectáreas a precio comercial a los grandes hacendados para luego repartirlos a los reclamantes de tierras. Sin embargo, debe buscar financiación y según sus cuentas la compra de las tierras equivaldrían a unos 60 billones de pesos (unos 13.400 millones de dólares).
José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, propuso públicamente crear “grupos de reacción solidaria” para proteger las tierras. De inmediato, se abrió en Colombia un debate sobre su alcance. En el pasado, algunos grupos paramilitares se crearon a partir de una iniciativa legal llamada Convivir -cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria-. Lafaurie negó que se tratara de incitar a la formación de grupos armados.
Tras escuchar a los ganaderos, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que es labor de la policía desalojar los inmuebles ocupados y que no comparte la creación de grupos de acción solidaria o inmediata, dada la “dolorosa experiencia” que tiene el país con ese tipo de inciativas.
Sin embargo, Velásquez aseguró que en algunos casos han identificado que hay personas que están organizando las invasiones de tierra buscando un provecho económico.
Dickinson advirtió que en la invasión de tierras confluyen varios intereses: los campesinos que legítimamente buscan tierra, los que obligan a la gente a ocupar y los grupos armados que están intentando expandirse antes de posibles negociaciones con el gobierno.
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La periodista de Associated Press, Astrid Suárez, contribuyó a este reporte desde Bogotá.
