CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó medidas de protección urgentes a favor del juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez y a su núcleo familiar por considerar que existe peligro a su integridad debido a que denunció ser víctima de persecución judicial por fallos emitidos contra la corrupción y crímenes de lesa humanidad en el país centroamericano.
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La Corte también pidió al Estado de Guatemala garantizar la seguridad del magistrado, quien fue notificado el martes del fallo.
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Gálvez es uno de los jueces más reconocidos a nivel nacional e internacional por su independencia judicial y los fallos que ha emitido. Llevó a juicio al exdictador Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio por la muerte de 1.771 indígenas ixiles en los años 80 en medio de la guerra civil en Guatemala. El general murió en 2018 sin ser juzgado por dichos crímenes.
Gálvez también procesó al expresidente Otto Pérez Molina y su gabinete que en 2015. El entonces gobernante renunció al cargo acusado de una millonaria defraudación aduanera, caso que actualmente está en juicio.
En el 2012, la Corte conoció una demanda contra el Estado guatemalteco por la desaparición y asesinato de poco más de 180 personas que fue documentado en un dossier conocido como Diario Militar. Entonces se ordenó investigar a exmilitares y policías que habrían participado en los crímenes. Y Gálvez fue el juez que llevó a juicio a por lo menos diez militares señalados de estos hechos, lo que según el magistrado desencadenó persecución en su contra.
En su nuevo fallo al que tuvo acceso The Associated Press, la Corte dice que el juez ha sido objeto de vigilancia, seguimiento, acoso sistemático y denuncias penales por su participación como juez en el caso Diario Militar. El tribunal también conoció los mensajes en redes sociales que los activistas de ultra derecha y defensores de militares acusados de crímenes de guerra, Ricardo Méndez Ruíz y Raúl Falla, han hecho contra el juez y en los que señalan que estará preso.
A pesar de las amenazas públicas hechas al juez, éstas no son investigadas por la Fiscalía del país.
La Corte requirió al Estado guatemalteco adoptar medidas necesarias para “abordar el patrón de causas generadoras del aumento del riesgo” contra el juez. También ordenó que a más tardar el 21 de noviembre se informe de las medidas adoptadas.
Méndez Ruíz y Falla denunciaron al juez Gálvez acusándolo de fallas al debido proceso en varios casos donde no son parte, diciendo que abusó del uso de la figura de prisión provisional que no existe en el ordenamiento jurídico del país y dejando en prisión bajo esa figura a varios procesados.
Los activistas, con el apoyo de la Fiscalía, pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retire la inmunidad a Gálvez para ser procesado. La CSJ aceptó la petición y designó al juez Roaldo Chávez para investigarlo.
Los denunciantes citan cinco casos, uno de ellos llamado Cooptación del Estado, un proceso donde casi 60 personas estaban detenidas acusadas de varios actos de corrupción. La ley guatemalteca estipula que una persona detenida debe dar su primera declaración ante juez en las próximas 24 horas a su detención, y Gálvez, que era el único juez de la causa, entonces enviaba a prisión provisional a prisiones VIP a un grupo mientras escuchaba a otro. Gálvez ha dicho que dos de los cinco casos no los conoció.
En el caso Cooptación del Estado se acusa, entre otros, al exministro de gobernación Mauricio López Bonilla, quien pasó varios días detenido sin ser escuchado por el juez. El martes se tenía previsto que Chávez tomara declaración a Gálvez, pero el juez lo recusó para que no conozca el caso pues considera que tiene conflicto de intereses al ser supuestamente amigo del denunciante Falla, trabajó en el Ministerio de Defensa donde aún tiene vínculos con los militares acusados en el caso Diario Militar y laboró en el Ministerio de Gobernación, siendo asesor de López Bonilla.
