CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un grupo de manifestantes destruyó el miércoles cámaras de seguridad y pintó grafitis en la fachada de la embajada de Israel en la capital mexicana, incidente que fue condenado por las autoridades diplomáticas israelíes.
Los hechos ocurrieron en medio una manifestación frente a la sede diplomática de varios cientos de jóvenes y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 para exigir a Israel que extradite al exjefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien vive desde 2019 en ese país.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha solicitado reiteradamente a las autoridades israelíes que extraditen a Zerón, quien enfrenta cargos por torturas, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia en el caso de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la población sureña de Iguala, estado de Guerrero.
Un grupo de personas, con los rostros cubiertos con camisetas, pintó varios grafitis en la fachada de la sede diplomática, con frases como “ni perdón ni olvido” y “muerte a Israel”, y destruyeron cámaras de seguridad.
El incidente fue condenado por el embajador de Israel en México, Zvi Tal, quien indicó, en un mensaje leído frente a la sede diplomática, que los hechos vandálicos “no tienen relación alguna con el caso de Ayotzinapa” y sostuvo que a pesar del “dramático evento” su gobierno sigue creyendo en el futuro de la relación diplomática.
Sobre la solicitud de extradición de Zerón, el embajador dijo que lsrael “debe implementar sus obligaciones jurídicas internacionales” mientras examina la petición de México.
La manifestación se da pocos días después que el gobierno anunció la detención de tres militares, entre ellos el general retirado José Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones y fue mencionado por el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la desaparición de seis de los estudiantes.
En su último informe, la Comisión de la Verdad calificó el caso de Ayotzinapa de “crimen de Estado” tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de gobierno.
Poco después de la difusión del informe, la Fiscalía General anunció que había emitido 83 órdenes de captura, 20 de ellas a militares y el resto a policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso que van desde delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
Tras el anuncio fue apresado el exprocurador general Jesús Murillo Karam.