MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Por este motivo, ha instado a la comunidad internacional a abordar "la espiral descendente de derechos" en Jordania, reiterando su advertencia sobre las leyes "imprecisas y abusivas que criminalizan el discurso, la asociación y la reunión".
"Las autoridades detienen, interrogan y acosan a periodistas, activistas políticos y miembros de partidos políticos y sindicatos independientes, así como a sus familiares, y restringen su acceso a derechos básicos, como el trabajo y los viajes, para reprimir la disidencia política", ha detallado la directora para Oriente Medio de la ONG, Lama Fakih.
"Existe una necesidad urgente de abordar la espiral descendente de derechos que estamos viendo en Jordania hoy (...) 'Mantener la estabilidad' nunca puede ser una justificación para abusar de los derechos de las personas y cerrar el espacio que toda sociedad necesita", ha añadido.
En este sentido, HRW ha investigado 30 casos entre 2019 y 2022 en los que las autoridades habrían utilizado disposiciones penales de difamación "demasiado ambiguas para arrestar y acusar a ciudadanos por expresar pacíficamente opiniones políticas en plataformas de redes sociales o en reuniones públicas".
Entre estos casos, la ONG ha notado que antiguas leyes del Código Penal de 1960, la ley de Delitos Cibernéticos de 2015, la Ley Antiterrorista de 2006 o incluso la declaración del estado de emergencia tras el inicio de la pandemia del coronavirus han servido para restringir "aún más" los derechos civiles y políticos.
En 2020, el número de casos relacionados con estos cargos casi se duplicaron con respecto al año anterior, según los informes anuales del Centro Nacional de Derechos Humanos (NCHR).
En conjunto, estas prácticas equivalen a "una campaña sistemática para sofocar la oposición pacífica y silenciar las voces críticas", según HRW.
"Los familiares de las víctimas y otras personas con conocimiento directo de los casos han dicho que, en varios casos, los detenidos fueron recluidos en régimen de aislamiento y se les negó el acceso a abogados y familiares", ha detallado la organización.
"El Gobierno jordano también ha disuelto partidos políticos y sindicatos elegidos de forma independiente después de que los miembros ejercieran su derecho a protestar y expresar su oposición política", ha añadido, recordando el arresto de miembros de un sindicato de docentes que protestaron contra el Ejecutivo en 2020.
Con todo, HRW también ha documentado limitaciones a la libertad de los medios a través de "órdenes de mordaza generalizadas, hostigamiento y arrestos para controlar y restringir la información sobre temas delicados".
Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la libertad de expresión, reunión y asociación se reconocen como derechos humanos fundamentales, a menudo superpuestos, y esenciales para el funcionamiento efectivo de una sociedad democrática y para el disfrute de otros derechos individuales, ha señalado la ONG.
Por ello, han exigido a las autoridades jordanas a extender el programa de reforma política del país tomando "medidas concretas" que alivien la "creciente represión que restringe el espacio cívico y la participación política en primer lugar".
En opinión de HRW, dichas medidas deberían incluir la modificación de la legislación "vagamente redactada" que las autoridades pudieran utilizar para restringir los derechos básicos, así como detener todo acoso y persecución informal utilizando el sistema legal de los jordanos que buscan expresar pacíficamente sus puntos de vista y formar grupos independientes.
"Es dudoso que el programa de reforma política de Jordania tenga éxito frente al deterioro de la libertad de expresión, reunión y asociación en todo el país", ha dicho Fakih.
"Las autoridades jordanas deben tomar medidas urgentes para revertir el cierre del espacio civil y permitir que los jordanos participen plenamente en la vida social y política del país sin obstáculos", ha añadido.