MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
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En concreto, ha sido la delegada de Derechos Humanos y coordinadora de Incidencia de Confederación ASPACE, Ángeles Blanco, la encargada de impartir esta formación organizada por el Consejo General del Poder Judicial bajo el título 'Las personas con discapacidad en el proceso penal' y que está enmarcada dentro del programa de formación continua del Poder Judicial.
El objetivo de la ponencia de Blanco ha sido dar a conocer las situaciones a las que se enfrentan las personas con parálisis cerebral que, en ocasiones, han visto cómo sus comparecencias en calidad de víctimas no han sido admitidas por usar Comunicación Aumentativa y Alternativa.
Según señala ASPACE, el 98% de las personas con parálisis cerebral presenta disartria --dificultad para la articulación de palabras--, y una de cada cuatro carece de comunicación oral, por lo que, para comunicarse con otras personas, utilizan productos de apoyo como sintetizadores de voz a través de ordenador o tablet; cuadernos silábicos, de pictogramas o de fotografía; o gestos y escritura de algunas palabras.
Tal y como explica Blanco, "el desconocimiento de la Comunicación Aumentativa y Alternativa conduce a asimilar la dificultad comunicativa con la carencia de capacidad intelectual", una situación que, en su opinión "debe ser revertida" ya que "la mayoría de las personas con parálisis cerebral usuarias de comunicación alternativa preserva capacidad intelectual plena" y "todas las personas han de ser escuchadas en juicio sea cual sea su manifestación comunicativa".
En caso contrario, según ha precisado, no solo se están "desoyendo los mandatos de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución".
Por ello, a la luz de la reciente modificación de la Ley General de Discapacidad, desde ASPACE piden que se cumpla con el mandato legislativo y desarrollar, en un periodo no superior a 3 años un reglamento sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa que cristalice la seguridad jurídica y garantice el ejercicio real y efectivo del derecho a la comunicación de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo que utilicen estos sistemas.
En este sentido, Blanco remarca que "el apoyo más especializado es la intervención judicial mediante técnica logopédica".
Por otra parte, Blanco también ha hecho hincapié en los casos atendidos en el servicio de violencia contra mujeres y niñas con parálisis cerebral de Confederación ASPACE.
Desde que se puso en marcha este servicio en mayo de 2020, se han atendido un total de 53 casos, 36 delitos de agresiones sexuales perpetradas por conocidos y familiares; seis de violencia de género en el contexto de pareja; ocho de violencia sexual digital en el contexto de pareja; dos delitos de explotación sexual; y uno de violencia intrafamiliar.
