CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La permanencia de los militares mexicanos fuera de los cuarteles, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría lograr un piso legal con una reforma constitucional que discute el miércoles la Cámara de Diputados que plantea extender hasta el 2029 la autorización para que las fuerzas armadas puedan cumplir tareas de seguridad pública.
PUBLICIDAD
La iniciativa legislativa, promovida por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya cuenta con el respaldo del oficialismo y sus fuerzas aliadas lo que garantiza su aprobación que se dará en medio del rechazo de organizaciones civiles, activistas y opositores que han considerado la reforma como un paso más en la militarización en México.
PUBLICIDAD
La discusión del proyecto de reforma de un artículo transitorio de la Constitución que extiende del 2024 hasta el 2029 la permanencia de los militares fuera de los cuarteles se da a menos de una semana que el Congreso, de mayoría oficialista, aprobó una reforma legislativa que transfirió la Guardia Nacional, que estaba bajo mando civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pasado el mediodía la Cámara de Diputados inició el debate de la reforma en medio de las críticas de algunos opositores que consideraron que la iniciativa “carece de sustento”.
Durante el debate, el diputado del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Juan Robledo, admitió que el problema de violencia ha mostrado un “potencial expansivo terrible”, y es por ello que la Guardia Nacional “requiere del apoyo tan grande y tan importante de la Marina y del Ejército”.
López Obrador no pudo ocultar el miércoles su satisfacción por la iniciativa promovida por el PRI, y afirmó, durante su conferencia matutina, que de aprobarse la reforma se contaría con cerca de 500.000 miembros del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en el país.
Asimismo, el mandatario felicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) que el martes descartó que vaya a presentar una acción legal por inconstitucionalidad contra la reforma legislativa que pasó la Guardia Nacional a control del Ejército. El anuncio de la CNDH fue objetado por varias organizaciones humanitarias que señalaron a la comisión de estar parcializada hacia el gobierno.
Por años López Obrador defendió el regreso de los militares a los cuarteles, pero en los últimos meses el mandatario dio un viraje en su postura. La semana pasada el gobernante admitió que cambió de opinión ante el recrudecimiento de la criminalidad, problemática que aseguró que heredó de gobiernos anteriores.
Las fuerzas militares han cumplido desde 2006 un papel clave en México para mantener la seguridad en las calles. Tras numerosas denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos, organizaciones humanitarias y diferentes dependencias de Naciones Unidas han pedido al gobierno que retire a los soldados de las labores de seguridad pública.
A pesar del amplio despliegue de la Guardia Nacional y los militares en diferentes estados del país, la inseguridad en México no se ha podido reducir. El mes pasado, grupos de delincuentes e integrantes de cárteles del narcotráfico llevaron a cabo ataques en cinco estados del país en una semana, incendiando negocios y matando a transeúntes.
