CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un grupo de manifestantes atacó el martes con piedras y cohetones una base militar en el sur de México y lanzó un camión repartidor hacia la entrada de la instalación al que luego le prendieron fuego.
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El incidente se registró luego de una concentración que realizaron frente a una base militar de la ciudad de Chilpancingo, estado de Guerrero, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 junto a normalistas y activistas como parte de los actos de conmemoración de la desaparición de los jóvenes.
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Durante la protesta los padres de los 43 estudiantes exigieron castigo para las autoridades y militares implicados en las desapariciones ocurridas entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, y cuestionaron el último informe que presentó el mes pasado la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa el cual consideraron como insuficiente.
Tras el mitin y el retiro de los padres de los desaparecidos, un grupo de manifestantes, algunos con los rostros cubiertos con camisetas, comenzaron a lanzar piedras y cohetones hacia el interior de la base militar y luego empujaron hacia el portón de la instalación un camión repartidor de gaseosas, que habían secuestrado poco antes, al que le prendieron fuego, según fotografías y videos que difundieron medios locales.
Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre el incidente.
En su último informe la Comisión de la Verdad calificó el caso de Ayotzinapa como “crimen de Estado” tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de gobierno, incluyendo elementos del 27 Batallón de Infantería.
Poco después de la difusión del informe la Fiscalía General anunció que había emitido 83 órdenes de captura, 20 de ellas a militares y el resto a policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso que iban desde delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
Tras el anuncio fue apresado el ex procurador general Jesús Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia. Las autoridades no han informado hasta el momento de nuevas detenciones.
El caso Ayotzinapa se convirtió en todo un símbolo en un país con más de 100.000 desaparecidos y donde todavía imperan altísimos niveles de impunidad, corrupción y violencia.