BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal de apelaciones confirmó el martes la prohibición de salida del país para una parte de la tripulación de venezolanos e iraníes del avión de carga perteneciente a la aerolínea estatal venezolana Emtrasur y que fue incautado en Buenos Aires por sospechas de terrorismo.
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En tanto que la misma corte permitió a 12 tripulantes abandonar la Argentina y le impuso al juez del caso un plazo de diez días para definir la situación procesal de los involucrados.
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El Boing 747-300M perteneciente a la aerolínea venezolana de carga estatal Emtrasur --subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa)-- fue demorado en la capital argentina el 6 de junio por sospechas sobre su tripulación.
A los pocos días, el juez Federico Villena les prohibió la salida del país y les detuvo sus documentos para determinar si bajo una apariencia de actividad lícita estaban financiando operaciones de terrorismo o bien eran parte de un plan terrorista.
En más de tres meses de investigación, el magistrado no levantó cargos formales contra los tripulantes.
“Han transcurrido casi cien días de permanencia en el país de la tripulación y de sujeción a las restricciones que cuestionan. Se trata de un plazo sin dudas extenso aun considerando las especiales circunstancias de este asunto”, según la resolución de la Cámara Federal de La Plata ante un reclamo de la defensa de los sospechosos.
El tribunal entendió que por lo delicado del objeto de investigación es razonable que el piloto iraní Gholamreza Ghasemi y sus compatriotas Abdolbaset Mohammadi, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh y los venezolanos Víctor Pérez Gómez, Mario Arraga Urdaneta y José García Contreras permanezcan en Argentina, pero le fijó al juez un plazo de diez días hasta que se cumplan diligencias pendientes.
Las sospechas sobre la tripulación se basan en informes de inteligencia de Estados Unidos e Israel según los cuales la empresa Emtrasur habría comprado el avión Boeing 747 a la aerolínea iraní “Mahan Air”, a la que se le atribuyen vínculos con organizaciones terroristas. Por ello está impedida de realizar cualquier tipo de transacción desde Estados Unidos que esté relacionada con bienes o materias primas sujetos a la ley de administración de exportaciones.
Asimismo, Conviasa está en una lista de compañías sancionadas por Estados Unidos desde 2020, y su flota fue bloqueada en 2019.
Fue por un pedido del Departamento de Justicia estadounidense que el juez argentino Villena incautó la aeronave el 22 de agosto.
Las sospechas sobre el avión obedecen en parte a que Argentina fue blanco de dos atentados en la década de 1990 -uno contra la embajada israelí en Buenos Aires y otro contra un centro comunitario judío- por los cuales la justicia de la nación sudamericana acusó al régimen iraní. Teherán siempre ha negado las acusaciones.
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro reclamó públicamente la devolución del avión.
