MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
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Este programa fue sustituido en 2020 por el programa La Escuela es Nuestra, que contempla compensaciones económicas para las familias. La decisión se basa en una demanda que considera que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y a la alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes al excluir a beneficiarias y beneficiarios de años anteriores.
La jueza obliga así al Gobierno federal, a la Cámara de Diputados y a todas las autoridades competentes a "adoptar todas las medidas que se estimen pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban previstos en aquélla".
Según el dictamen, las autoridades violaron el principio de progresividad respecto de los derechos a la educación y a la alimentación de las niñas, niños y adolescentes, además del interés superior de la niñez.
Además, la jueza considera que se ha perjudicado a las mujeres madres de familia, quienes dependían de las ETC para tener un lugar seguro para sus hijas e hijos, mermando "la posibilidad de que (...) desarrollen de manera efectiva sus proyectos de vida y la posibilidad de una estabilidad laboral que tiene impacto en su economía".
El programa ETC, en su punto más alto de cobertura, beneficiaba a cerca de 27.000 escuelas y a 3,6 millones de estudiantes, quienes recibían horas adicionales de aprendizaje. Al menos 1,6 millones de estudiantes percibían un servicio de alimentación que para muchos de ellos suponía el primer alimento del día.
