WASHINGTON (AP) — Los abogados del expresidente estadounidense Donald Trump desestimaron el lunes como una “disputa de almacenamiento” la retención de documentos ultrasecretos del exmandatario en su residencia de Florida, y solicitaron a una jueza mantener una orden que suspende temporalmente algunos aspectos clave de la investigación que realiza el Departamento de Justicia.
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El equipo legal de Trump también se refirió a los documentos recuperados como “supuestos registros confidenciales”, insinuando que los abogados no coinciden con las afirmaciones del Departamento de Justicia de que el FBI encontró información ultrasecreta durante el allanamiento del 8 de agosto en la finca de Trump en Mar-a-Lago, Florida.
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Los abogados también aseguraron que no existe evidencia de que alguno de los registros haya sido revelado a alguna otra persona y dijeron que al menos algunos de los documentos pertenecen a Trump y no al Departamento de Justicia.
“La investigación sobre el 45to presidente de Estados Unidos es tanto sin precedentes como infundada”, escribieron los abogados. “En esencia es una disputa sobre almacenamiento de documentos que se ha salido de control, el gobierno busca criminalizar injustamente la posesión del 45to presidente de sus propios registros presidenciales y personales”.
El documento de 21 páginas pone en evidencia los significativos desacuerdos legales y de hechos entre los abogados de Trump y el gobierno federal en momentos en que el Departamento de Justicia busca avanzar en su investigación penal sobre la retención ilegal de información de defensa nacional en Mar-a-Lago y una posible obstrucción de dicha pesquisa.
La investigación se topó con un obstáculo la semana pasada cuando la jueza de distrito Aileen Cannon concedió la solicitud que presentaron los abogados de Trump para designar un árbitro independiente para que revise los registros recuperados y prohibió por el momento que el departamento examine los documentos con fines investigativos.
El Departamento de Justicia ha solicitado a la jueza levantar esta suspensión y dijo que impugnaría su fallo ante un tribunal federal de apelaciones. La dependencia señaló que su investigación corría el riesgo de resultar irremediablemente perjudicada si la orden se mantenía vigente, subrayando que la confusión en torno a su alcance y significado ya han llevado a la comunidad de inteligencia a poner en pausa una evaluación de riesgos que llevaba a cabo.
