CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Mientras el Senado debatía el jueves la incorporación definitiva de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas, una familia pedía justicia por la muerte de una niña de 4 años presuntamente bajo fuego del ejército, en el más ejemplo más reciente de las consecuencias de tener a los militares en labores de seguridad en México.
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La pequeña, Heidi Mariana Pérez Rodriguez, se sintió mal el 31 de agosto por la noche y una familiar, Griselda Zamora, optó por llevarla a ella y a su hermano de 7 años a un hospital de Nuevo Laredo, una ciudad del noreste de la frontera mexicana, de gran actividad del crimen organizado.
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Poco antes de llegar, el vehículo en el que iban fue tiroteado. La pequeña quedó bañada en sangre. Al centro sanitario, donde su madre estaba trabajando esa noche, ya llegó sin vida.
Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, se trató de un enfrentamiento entre militares y una banda criminal "y se asesinó a una niña en la balacera”. El mandatario dijo el lunes que la Secretaría de la Defensa ya investigaba el caso.
Pero según el activista Raymundo Ramos, que ofreció el jueves una conferencia de prensa en Ciudad de México junto a la familia de la niña y sus abogados, “en ese lugar no hubo un enfrentamiento”, porque no hay impactos de bala en fachadas u otros vehículos, ni videos u otras evidencias de una persecución o tiroteo.
La mujer que manejaba el coche con los niños sólo vio que una patrulla de militares cortaba la calle en un cruce y al girar en ese lugar escuchó los disparos a sus espaldas. Poco después el niño alertó que su hermanita estaba herida, contó Ramos.
El abogado Edgar Netro agregó que las balas impactaron en el techo y el vidrio trasero del vehículo y no en las llantas, por lo cual consideró que el ataque tenía la intención de matar a quien iba en su interior.
Este tipo de situaciones, en las que las fuerzas de seguridad disparan a civiles por error o al quedar en medio de un fuego cruzado, han sido relativamente habituales en México en los últimos 15 años.
Organizaciones nacionales e internacionales, incluida la ONU, han insistido más de una década de los peligros de la militarización de las labores policiacas. Sin embargo, el actual gobierno ha decidido mantener esas tareas, con la ley que se discute el jueves en el Senado y con otros cambios que prolongarán en el tiempo la actuación de las fuerzas armadas en la seguridad pública.
La principal denuncia de las organizaciones de derechos humanos es que cuando los militares son responsables de muertes o lesiones de civiles, los casos suelen quedar impunes. En varias ocasiones esos crímenes han tenido que ser llevados a instancias internacionales.
