Los nombres de cientos de policías, funcionarios electos y militares aparecen en las listas filtradas de miembros de un grupo de extrema derecha acusado de cumplir un papel crucial en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio en Washington, de acuerdo con un informe difundido el miércoles.
PUBLICIDAD
El Centro sobre Extremismo de la organización judía Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés) estudió los más de 38.000 nombres en las listas de miembros de los Oath Keepers (literalmente, “cumplidores del juramento”) e identificó a más de 370 personas que, según cree, trabajan en agencias policiales —incluidos jefes de policía y comisarios— y a más de 100 militares en actividad.
PUBLICIDAD
También identificó a unas 80 personas que eran candidatos o funcionarios públicos a principios de agosto. La información fue compilada en una base de datos publicada por la organización promotora de la trasparencia Distributed Denial of Secrets.
Estos datos inquietantes revelan la presencia de extremistas en las filas de la policía y las fuerzas armadas, encargadas de aplicar las leyes y proteger el país. Es problemático en grado sumo que funcionarios públicos estén asociados con extremistas en una época en que las mentiras sobre la elección de 2020 alientan las amenazas de violencia contra legisladores e instituciones.
“Incluso en el caso de los que dicen haber renunciado a la organización cuando empezó a aplicar tácticas más agresivas en 2014, es importante recordar que los Oath Keepers han sido extremistas desde su fundación, hecho que no arredró a estos individuos cuando se incorporaron”, advierte el informe.
El hecho de aparecer en la base de datos no prueba que una persona haya sido miembro activo del grupo o que apruebe su ideología. Algunas personas en la lista contactadas por The Associated Press dijeron que fueron miembros durante un breve período hace años y que ya no están afiliados al grupo. Otros dicen que nunca fueron miembros plenos.
“Sus posiciones son excesivamente extremistas para mí”, afirmó Shawn Mobley, comisario del condado de Otero, en Colorado. Mobley dijo a la AP en un correo electrónico que se apartó de los Oath Keepers hace años debido a su participación en un enfrentamiento con el gobierno federal en el rancho Bundy en Bunkerville, Nevada, entre otros hechos.
Oath Keepers, fundado en 2009 por Stewart Rhodes, es un grupo escasamente organizado, alimentado por teorías conspirativas, que recluta a militares y policías en activo o en retiro y socorristas. Sus miembros deben jurar defender la Constitución “contra todos los enemigos, extranjeros e internos”. Promueve la creencia que el gobierno federal se empeña en despojar a los ciudadanos de sus libertades civiles y dice que sus miembros combaten contra “la tiranía”.
Una veintena de personas asociadas con los Oath Keepers, Rhodes entre ellas, están acusadas de participación en el ataque del 6 de enero. Rhodes y otros cuatro miembros o simpatizantes del grupo irán a juicio bajo cargos de conspiración sediciosa por un plan para mantener en el poder al entonces presidente Donald Trump. Rhodes y los demás miembros de Oath Keepers dicen ser inocentes y que no tenían un plan de atacar el Capitolio.
Oath Keepers creció rápidamente como parte del movimiento amplio contra el gobierno y utilizó las herramientas en internet para difundir su mensaje durante la presidencia de Barack Obama, aseguró Rachel Carroll Rivas, subdirectora interina de Investigaciones del Proyecto de Inteligencia del Southern Poverty Law Center, una organización sin fines de lucro especializada en la promoción de los derechos civiles, pero desde el 6 de enero y el arresto de Rhodes, el grupo ha tenido problemas para conservar a sus miembros, aseguró.
Ello se debe en parte a que la asociación de los Oath Keepers con Rhodes era tan fuerte, que la desaparición de la figura central tuvo un impacto desmedido y también a que muchos de los asociados con el grupo aspiraban a que fueran considerados personas respetables en sus comunidades, añadió.
“La imagen de quedar asociado con el 6 de enero era excesiva para muchos de ellos”, dijo Rivas.
Uno de los funcionarios electos que aparece en la lista de miembros es el legislador estatal Phil Jensen, de Dakota del Sur, que en junio ganó una elección primaria en busca de su reelección. Jensen dijo a la AP que pagó su cuota anual en 2014, pero que jamás recibió material de lectura de los Oath Keepers, asistió a sus reuniones ni renovó su membresía.
Jensen dijo que se sintió impulsado a ingresar porque “creía en el juramento que hicimos de apoyar la Constitución estadounidense y defenderla de enemigos extranjeros e internos”. Se negó a aclarar si ahora repudia a los Oath Keepers y solamente dijo que carece de información suficiente.
“En 2014 parecían un grupo conservador sólido, ahora no puedo decir nada sobre ellos”, acotó.
La ADL dijo que halló los nombres de al menos 10 jefes de policía y 11 comisarios. Todos los que respondieron a la AP dijeron que ya no tienen vínculos con el grupo.
“Ni siquiera sé lo que publican. Jamás recibo actualizaciones”, aseveró Mike Hollinshead, comisario del condado de Elmore, Idaho. “No estoy pagando cuotas ni nada”.
Hollinshead, que es republicano, dijo que hace varios años, cuando hacía campaña por el puesto de comisario, los votantes le preguntaban si conocía a los Oath Keepers. Dijo que quiso saber más sobre el grupo y que pagó la cuota de ingreso a su sitio web, pero que no tuvo más participación.
Benjamin Boeke, jefe de policía de Oskaloosa, Iowa, recordó que hace años recibió mensajes del grupo y cree que un amigo lo afilió, pero aseguró que jamás pagó una cuota y que no sabe nada sobre el grupo.
Eric Williams, jefe de policía de Idalou, Texas, dijo en un email que no es miembro ni ha tenido actividad alguna con los Oath Keepers en más de 10 años. Dijo que el asalto al Capitolio fue “terrible en todo sentido”.
“Ruego que este país encuentre el camino de regreso a la cortesía y la paz en la conversación entre todos”, aseguró.
