Cuerpos policiales estadounidenses, desde un suburbio del sur de California a zonas rurales de Carolina del Norte, han utilizado una herramienta poco conocida para rastrear celulares, en ocasiones sin orden judicial, que les permite seguir los movimientos de una persona durante los meses previos, según registros públicos y correos internos a los que tuvo acceso The Associated Press.
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La policía ha empleado “Fog Reveal” para buscar cientos de miles de millones de registros de 250 millones de dispositivos móviles, y utilizado los datos para crear análisis de movimientos conocidos entre las fuerzas de seguridad como “patrones de vida”, según miles de páginas de registros sobre la compañía.
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Fog Reveal, vendido por la firma de Virginia Fog Data Science LLC, se utiliza al menos desde 2018 en investigaciones penales que van desde el asesinato de una enfermera en Arkansas a seguir los movimientos de posibles participantes en la insurrección del 6 de enero en el Capitolio. La herramienta rara vez se menciona en registros judiciales, algo que según los abogados defensores hace más difícil que puedan defender a sus clientes en casos en los que se empleó esta tecnología.
La compañía fue desarrollada por dos exfuncionarios de alto nivel del Departamento de Seguridad Nacional durante el mandato del expresidente George W. Bush. Recopila números de identificación de publicidad, que según responsables de Fog se toman de apps populares como Waze, Starbucks y cientos de servicios más que ajustan la publicidad en función de los movimientos e intereses de una persona, según emails de la policía. Después, esa información se vende a empresas como Fog.
“Es como un programa de vigilancia masiva asequible”, dijo Bennett Cyphers, asesor especial de la Electronic Frontier Foundation, un grupo activista que defiende los derechos de privacidad digital.
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Este despacho, con asistencia del Centro Pulitzer de Periodismo de Crisis, forma parte de una serie de Associated Press que investiga el poder y las consecuencias de decisiones tomadas en función de algoritmos sobre la vida cotidiana de la gente.
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EFF tuvo acceso a los documentos y correos a través de peticiones amparadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El grupo compartió los documentos con AP, que comprobó de forma independiente que Fog vendió su software en unos 40 contratos a casi dos docenas de agencias, según GovSpend, una compañía que monitorea el gasto del gobierno.
Los archivos y la investigación AP ofrecen el primer reporte público sobre el extenso uso de Fog Reveal por parte de la policía local, según analistas y expertos legales que estudian estas tecnologías.
“Las fuerzas de seguridad locales están en primera línea de casos de tráfico y desaparición de personas, pero a menudo esos departamentos están rezagados en adopción de tecnología”, indicó en un email Matthew Broderick, socio gerente de Fog. “Cubrimos un hueco para departamentos a los que les falta personal y financiamiento”.
Debido al secretismo en torno a Fog, sin embargo, hay pocos detalles sobre su uso y la mayoría de las agencias de seguridad no hacen comentarios al respecto, lo que aviva las preocupaciones entre activistas de la privacidad sobre que incumpla la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege contra registros e incautaciones poco justificadas.
Lo que distingue a Fog Reveal de otras tecnologías de localización de celulares que utiliza la policía es que sigue a los dispositivos a través de su identificador de publicidad, números únicos asignados a cada dispositivo. Estos números no contienen el nombre del usuario del dispositivo, pero pueden rastrearse a viviendas y lugares de trabajo para ayudar a la policía a trazar análisis sobre los patrones vitales de una persona.
“La capacidad que tenía para encontrar a cualquiera en una zona, ya fuera en público o en casa, me parecía una violación muy clara de la Cuarta Enmienda”, dijo Davin Hall, exsupervisor de análisis de datos de delincuencia para la policía de Greensboro, Carolina del Norte. “Me siento enojado y traicionado y engañado”.
Hall renunció a finales de 2020 tras expresar durante meses a abogados policiales y el consejo municipal su preocupación sobre el empleo de Fog en el departamento de policía.
Aunque las autoridades de Greensboro admitieron que empleaban Fog y en un principio lo defendieron, la policía dijo que no había renovado su suscripción este año porque no “beneficiaba a las investigaciones de forma independiente”.
Pero agencias policiales federales, estatales y locales en diferentes lugares de Estados Unidos siguen utilizando Fog con escasa supervisión pública. La policía local se ve atraída por el asequible precio del servicio: puede contratarse desde 7.500 dólares anuales. Y algunos departamentos que lo contratan han compartido su acceso con otras agencias cercanas, según los emails.
A los cuerpos policiales también les gusta lo rápido que pueden acceder a información geográfica detallada con Fog. Las órdenes judiciales Geofence, que rastrean un dispositivo a partir de datos GPS y otras fuentes de información, funcionan con datos de firmas como Google o Apple. Esto requiere que la policía obtenga una orden judicial y pida a las compañías tecnológicas los datos concretos que quieren, lo que puede tomar días o semanas.
Con los datos de Fog, que según la compañía son anónimos, la policía puede rastrear toda una zona o buscar por los identificadores de un dispositivo concreto, según los términos de uso a los que tuvo acceso AP. Sin embargo, Fog afirma que “no tenemos forma de asociar las señales a un dispositivo o propietario concreto”, según un representante comercial que escribió a la Patrulla de Autopistas de California en 2018 después de que un teniente preguntara si la herramienta podía utilizarse de forma legal.
Pese a esas promesas de privacidad, los documentos muestran que las autoridades pueden utilizar los datos de Fog como pista para encontrar información que identifique a una persona. “No hay (información personal) asociada al (identificador de publicidad)”, escribió un funcionario de Missouri sobre Fog en 2019. “Pero si se nos da bien nuestro trabajo, deberíamos poder determinar el propietario”.
La supervisión federal de empresas como Fog es un entorno legal cambiante. La Comisión Federal de Comercio demandó el lunes a un intermediario de datos llamado Kochava que, como Fog, ofrece a sus clientes identificadores de publicidad que según las autoridades pueden utilizarse con facilidad para determinar dónde vive el usuario de un dispositivo móvil, lo que incumple normas de la Comisión. Y hay proyectos de ley en el Congreso que, si se aprueban, regularían el sector.
Broderick, de Fog, indicó en un email que la empresa no tiene acceso a la información personal de la gente y aprovecha “datos disponibles de forma comercial sin restricciones de uso” de intermediarios de datos “que adquieren datos de apps de forma legítima de acuerdo con sus términos legales”. La compañía rechazó compartir información sobre con cuántas agencias policiales trabajan.
“Confiamos en que las Fuerzas de Seguridad tengan el liderazgo responsable, las limitaciones y las directrices políticas a nivel municipal, estatal y federal para asegurar que cualquier herramienta ni método policial se utiliza de acuerdo a las leyes en sus respectivas jurisdicciones”, dijo Broderick.
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El periodista de AP Allen G. Breed contribuyó desde Greensboro, Carolina del Norte. Dearen informó desde Nueva York y Burke desde San Francisco.
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Este reporte se elaboró en colaboración con los investigadores Janine Graham, Nicole Waddick y Jane Yang, así como la Facultad de Derecho y el Laboratorio del Centro de Investigaciones de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley.
