WASHINGTON (AP) — Las víctimas de abusos y sus familias en Estados Unidos lograron un triunfo discreto en junio con una nueva ley sobre armas respaldada por los dos partidos, bajo la cual resulta más difícil para las personas condenadas por abuso de pareja obtener armas.
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El Congreso tardó casi una década en elaborar la ley, que dificulta la obtención de armas por el abusador, aunque no esté casado con la víctima o no tenga un hijo con ella.
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Los partidarios de la norma esperan que salvará innumerables vidas como las de Nikiesha Thomas, de 33 años, muerta cuando su exnovio se acercó a su auto estacionado en un suburbio al sureste de la capital de la nación y la mató a tiros.
Apenas una hora antes, Thomas había dicho por teléfono a su hermana que había solicitado una orden de protección contra su exnovio.
Los casos como este, en que las señales de peligro y el papelerío legal no bastan para salvar una vida, son los que tuvieron en cuenta los legisladores al elaborar la norma.
La ley sancionada por el presidente Joe Biden fue parte de una respuesta a un verano horrendo de muertes que incluyeron las de 19 niños en una escuela primaria en Uvalde, Texas.
La ley incluye averiguaciones estrictas de antecedentes para los compradores más jóvenes y ayuda a los estados para sancionar leyes de “alarma” que faciliten la incautación de armas a personas que las autoridades consideren peligrosas.
E incluida en la ley está la norma que le dificulta al abusador de pareja obtener un arma de fuego aunque no esté casado o tenga un hijo con la víctima.
La ley federal prohibía desde hace tiempo a las personas condenadas por abuso de pareja adquirir un arma. Pero esto solo se aplicaba cuando el individuo estaba casado con la víctima o vivía con ella o tenía un hijo con ella. La llamada “escapatoria del novio” pasaba por alto a todo un grupo de violentos —novios o parejas íntimas actuales o pasados_, lo que a veces, como en el caso de Thomas, tenía consecuencias fatales.
Al menos 19 estados y la capital han tomado medidas sobre este aspecto, según datos compilados por la organización Everytown for Gun Safety. La senadora Amy Klobuchar y los defensores de víctimas de la violencia doméstica han bregado durante años para que se hiciera lo mismo a nivel federal, pero hasta ahora con escaso éxito.
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La corresponsal Susan Haigh en Hartford, Connecticut, contribuyó