MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
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La Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro deja ahora en manos del Ejecutivo de Daniel Ortega tomar medidas no sólo contra las organizaciones extranjeras, sino también contra las nacionales.
Independientemente de quien firme las órdenes, los argumentos siguen siendo los mismos, ya que el oficialismo acusa a las ONG señaladas de irregularidades de tipo administrativo, principalmente de no informar de su situación financiera o de no renovar sus juntas directivas.
Nicaragua encadena más de 1.500 organizaciones cerradas por orden del Gobierno, según datos recopilados por el diario 'La Prensa' y que evidencian la creciente represión en el país centroamericano, agudizada desde las elecciones presidenciales de 2021.
