MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Angola celebra este miércoles las elecciones más reñidas desde su independencia de Portugal en 1975; unos comicios marcados por la aplastante crisis económica que ha asfixiado a la juventud del país e impulsado en las encuestas al líder opositor Adalberto Costa Junior, quien espera acabar con casi medio siglo de dominio del histórico Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), representado por el actual mandatario, Joao Lourenço, y la familia Dos Santos.
El MPLA sigue figurando como favorito destacado para la victoria -- las últimas encuestas del Afrobarómetro le colocan siete puntos por delante de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) de Costa -- pero ahora mismo la mitad de la población se encuentra indecisa, en particular el voto joven, crucial en estas elecciones en un país donde más del 60 por ciento de la población no llega a los 24 años.
Es más, la misma encuesta del Afrobarómetro daba a Costa una cierta ventaja en la capital del país, Luanda, y sus mítines han atraído a decenas de miles de personas, señal de que su imagen ha calado en la población.
Costa pretende aprovechar el descontento juvenil para convertirse en un emblema de regeneración política. Lourenço, cabe recordar, es un veterano integrante del MPLA y exministro de Defensa, que ganó el poder en 2017 como el sucesor elegido a dedo de José Eduardo dos Santos, cuyo gobierno autoritario duró 38 años.
Sin embargo, Lourenço se ampara en sus esfuerzos para denunciar la corrupción de los Dos Santos, así como en sus políticas económicas para fomentar la inversión en el país como ejemplo para conservar la confianza del pueblo, erosionada por la pandemia, la caída de los precios del petróleo y el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania.
"Os recordamos lo que este gobierno ha hecho durante cinco años. Aunque tuvimos que convivir con una pandemia, el pueblo de Angola ha podido ver las muchas cosas nuevas que ha traído este mandato, lo que demuestra que el MPLA es un partido serio", declaró este fin de semana en su último mitin de campaña ante cientos de miles de seguidores a las afueras de Luanda.
SOMBRAS DE IRREGULARIDADES
Aunque las elecciones estarán supervisadas por varias misiones internacionales de observadores, expertos como Borghes Nhamirre, del Instituto de Estudios para la Seguridad de Pretoria (Sudáfrica), avisan de que posibles irregularidades durante el transcurso de las mismas.
Por ejemplo, la Comisión Nacional Electoral ha establecido un límite de solo 2.000 observadores para supervisar más de 26.000 colegios electorales y el país sigue sin aplicar parte de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), como la creación de una comisión electoral independiente que organice el registro de votantes en lugar del Ministerio de Administración Territorial, que es una agencia gubernamental.
El economista de la Universidad Católica de Luanda Carlos Rosado de Carvalho, que ha estado realizando estudios de comunicación sobre la campaña, lamenta a Bloomberg que los medios estatales han dedicado el 95 por ciento de su cobertura electoral al Gobierno y al oficialismo.
UNITA ha pedido a sus seguidores que mantengan una presencia alrededor de los colegios electorales para garantizar que la votación y el conteo sean justos. Si bien el partido ha descartado un conflicto armado, sí que ha amenazado con protestas callejeras si hay un intento de amañar las elecciones.
Asimismo, ONG como Amnistía Internacional lamentan que "Angola se ha enfrentado a una represión sin precedentes de los derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos y detenciones arbitrarias, en el período previo a las elecciones".
La ONG acusa a las fuerzas de seguridad, durante los momentos álgidos de la pandemia en 2020, de reprimir por la fuerza manifestaciones contra las restricciones, que se saldaron al menos con la muerte de siete menores.
Asimismo, en enero de 2021, la Policía disparó y mató a decenas de activistas que protestaban pacíficamente por el alto costo de la vida en el pueblo minero de Cafunfo, en la provincia de Lunda Norte, denuncia la ONG.