MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Así lo ha asegurado a Europa Press el coportavoz de la dirección de Podemos y miembro de la Mesa del Congreso, Javier Sánchez Serna, quien recuerda que su partido ya criticó aquella decisión cuando se adoptó.
"Se hizo algo muy grave al privar de sus derechos a un diputado sin tener una sentencia que avalara esa decisión --señala--. Ya fuimos muy claros en su día y dijimos que la retirada de su condición de diputado a Alberto Rodríguez era un atropello democrático y si finalmente la sentencia del Tribunal Constitucional le da la razón y considera que lo que se hizo fue irregular, cuando no ilegal, creemos que se deberán asumir responsabilidades políticas".
EL SUPREMO LO AVALÓ
Fue el pasado 22 de octubre de 2021 cuando Batet dictó un acuerdo por el que se comunicaba a Rodríguez que había dispuesto su sustitución como miembro de la Cámara Baja en ejecución de las resoluciones del Supremo y atendiendo a la interpretación que la propia sede judicial había hecho sobre la aplicación de la pena accesoria aparejada a la condena.
Cabe recordar que la Sala de lo Penal del Supremo le había condenado 14 días antes --el 6 de octubre-- a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, por propinarle una patada a un policía durante una manifestación que tuvo lugar en 2014 en La Laguna (Tenerife). Esa pena de cárcel fue sustituida en la misma resolución por una multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).
La condena conllevaba la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, y el alto tribunal aclaró que el reemplazo de la pena de prisión por la multa no afectaba a la pena accesoria.
LA POSTURA DE LA FISCALÍA DEL TC
Tras analizar los dos recursos de amparo presentados por la defensa de Rodríguez ante el Constitucional --uno por la condena y otro por la pérdida del escaño--, la Fiscalía de este tribunal ha informado a favor de concederle el amparo por la decisión de Batet de sacarle del hemiciclo.
El fiscal Pedro Crespo considera que se le debe conceder el amparo porque "ha sido vulnerado su derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española (CE), en relación con el artículo 23.1, a permanecer en un cargo público representativo y no ser removido de él si no es por las causas y de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos".
En este sentido, el informe del fiscal, si bien niega la alegación realizada por Rodríguez de que Batet se inventara la "consecuencia extrapenal" del fallo del TS, sí que cree que había margen para que la presidenta del Congreso llevara a cabo otra interpretación de la ley, apuntando a la mera suspensión de los derechos como diputado.