LIMA (AP) — El presidente peruano Pedro Castillo abandonó su habitual mutismo tras acumular seis indagaciones fiscales, en una de las cuales está acusado de liderar una red de lavado, y en las últimas dos semanas comenzó a rodearse de campesinos, funcionarios de zonas rurales y líderes barriales.
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En sus encuentros suele recordarles ante las cámaras de televisión que su gobierno es el primero que los escucha en dos siglos de república y que la fiscalía, el Congreso -dominado por la oposición- y parte de la prensa forman una triada que busca sacarlo del poder.
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También empezó a viajar a provincias remotas usando un chaleco antibalas y aseguró que Perú atraviesa "una época totalmente racista" y que la oligarquía busca minarlo porque viene del campo.
“No hablo como ellos, no me siento a esas mesas opulentas como ellos”, se quejó con su marcado acento andino en una ciudad desértica. En otra barriada, frente a las madres de una escuela recién restaurada, remarcó que venía de abajo y que las acusaciones en su contra no lo van “a quebrar”.
Fernando Tuesta, profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Perú, dijo a The Associated Press que el mandatario adoptó la estrategia de que "la mejor defensa es el ataque" tras mantener una postura huidiza y tímida durante su primer año de gestión.
“Ha cambiado de manera agresiva” con un discurso que denuncia un “intento de golpe de Estado” gestado por los partidos políticos opositores que lideran el Congreso, indicó Tuesta.
El 28 de julio Castillo dijo en el Parlamento que desde su asunción no ha tenido “un sólo minuto de tregua” y que recibió “una bofetada en una mejilla” de los partidos que perdieron las elecciones presidenciales, pero anticipó que ya no pondría “la otra mejilla” sino que extendería la mano para trabajar con el Congreso. Los legisladores no le dejaron culminar su discurso y a los gritos le exigieron que renuncie.
La oposición en el Legislativo desconoció su victoria electoral y creó una comisión para investigar un posible fraude que fue descartado 10 meses más tarde por falta de pruebas. Después intentó destituirlo dos veces, pero en ninguna alcanzó los 87 votos necesarios.
Dos semanas atrás la presidenta del Parlamento, Lady Camones, dijo que el escenario político ideal sería que Castillo renuncie tras reunirse con la Fiscal General, Patricia Benavides, cuya gestión ha impulsado la mayoría de las investigaciones contra el mandatario.
“El pueblo no se va a arrastrar como fue durante 200 años de vida republicana. Este es otro pueblo que ya despertó y sabe defender sus derechos, incluso con la vida”, dijo el primer ministro Aníbal Torres en una de las citas de Castillo con líderes barriales.
Es la primera vez que un presidente en funciones es investigado en Perú, donde casi todos los mandatarios de las últimas dos décadas están indagados por corrupción. Los sobornos admitidos en 2016 por la constructora brasileña Odebrecht en casi toda Latinoamérica para ganar licitaciones de obras públicas impulsó las investigaciones en Perú. Desde entonces los peruanos vieron por primera vez bajo arresto a personas que eran consideradas intocables.
Castillo llegó al poder después de estos escándalos. Según un sondeo del Barómetro de las Américas que coordina la Universidad de Vandervilt, en 2021 el 88% de peruanos creía que más de la mitad o todos los políticos eran corruptos. La percepción de los peruanos es la más alta de Latinoamérica.
El primer ministro ha puesto en duda la honestidad de la Fiscal General al recordar que su hermana, la jueza Emma Benavides, es investigada por presuntamente integrar un grupo de magistrados que liberaba a narcotraficantes a cambio de dinero.
La Fiscal General cambió a una reconocida fiscal que investigaba a su hermana y removió a los integrantes del Ministerio Público que dirigían una investigación sobre otro grupo de jueces. También relevó a un fiscal que ha acusado en un juicio de lavado de dinero proveniente del narcotráfico a una rica familia peruana investigada por la DEA y la procuraduría mexicana.
Ante los cuestionamientos la Fiscal General respondió que “está poniendo orden en casa” y que decidió realizar cambios en varias oficinas fiscales porque había informes de baja producción. También sostuvo que existe una campaña para desprestigiarla.
La fiscalía ha esbozado el organigrama de un clan de lavado de activos presuntamente liderado por el mandatario que incluye al ministro de Transportes, al alcalde del pueblo donde vivía Castillo, a su esposa y a sus tres cuñados, entre ellos Yenifer Paredes, a quien la pareja presidencial crió desde pequeña como hija luego de la muerte de su madre.
La semana pasada el coronel Harvey Colchado -quien ha dirigido capturas claves- se presentó en la puerta del palacio presidencial junto a otros agentes con una orden judicial para detener a Yenifer Paredes. Ingresaron a más de 16 cuartos, incluyendo el dormitorio presidencial donde incluso revisaron los armarios y debajo de la cama de Castillo, también el cuarto de Arnold, el hijo de 17 años del presidente, quien estaba durmiendo en pijama. Escudriñaron los depósitos, cocina, capilla, piscina, cuarto de guardias y hasta en un almacén donde se guardan los regalos del presidente, pero no hallaron a Yenifer Paredes, según el acta de allanamiento revisada por AP.
Al día siguiente, junto a decenas de campesinos que habían llegado a brindar su apoyo al presidente, la joven de 26 años se entregó en la fiscalía.
“No les importa quebrar a la familia. No les importa dejar a nuestros hijos huérfanos, se ha diseñado una situación con la finalidad de quebrarnos", aseguró Castillo poco después.
El mandatario no ha dado explicaciones sobre ninguna de las acusaciones y hace dos semanas, en un interrogatorio ante la Fiscal General, se acogió al silencio.
“Está en serias dificultades", dijo el profesor Tuesta.
Aunque es temprano para predicciones, el giro en el estilo de comunicación de Castillo ha provocado un aumento en su popularidad por primera vez desde el inicio de su gestión, según varias encuestas. Un sondeo de la firma Ipsos Perú de agosto mostró que la aceptación de Castillo se elevó cinco puntos hasta el 25%, mientras que su imagen negativa bajó de 74% a 69%.
Francisco Huamán, dueño de una tienda de alimentos, dijo que la nueva actitud de Castillo es una cuestión supervivencia política. “Pretende mostrar como que tiene apoyo de la población. ¿Por qué no lo hizo antes?”, dijo el hombre que aseguró haber votado por Castillo, pero está decepcionado por su presunta falta de honestidad. “Pensó que podía robar y nadie lo iba a descubrir", agregó.
Otros aún confían en el mandatario. Maruja Inquilla, una activista ambiental indígena que durante años ha denunciado la contaminación del Titicaca, el lago sagrado de los Incas, apoya al presidente pero afirma que debe escuchar los consejos de quienes le piden rodearse de gente honesta.
“Esas personas que vienen a decir ‘está todo perfecto’ le están haciendo un daño... si hay criticas constructivas no tiene él por qué sentirse mal. Los que realmente buscan el cambio van a venir con esa sinceridad y también él va a generar confianza al escucharlos”, dijo a AP.
