Dos jueces en Pensilvania que organizaron un esquema para enviar a menores a prisiones privadas a cambio de sobornos tendrán que pagarles más de 200 millones de dólares a centenares de víctimas de sus crímenes.
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El juez federal Christopher Conner ordenó una indemnización de 106 millones de dólares en pagos compensatorios y 100 millones en pagos punitivos para casi 300 personas en una demanda civil contra los jueces, escribiendo que los demandantes fueron “las víctimas trágicas de un escándalo de proporciones épicas”.
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En un escándalo conocido como “Niños por Dinero”, Mark Ciavarella y Michael Conahan cerraron un centro municipal de detención juvenil y aceptaron 2.8 millones de dólares en pagos legales del constructor y codueño de dos prisiones privadas. Ciavarella, que presidía la corte juvenil, promovió una política de cero tolerancia que garantizó que gran cantidad de menores fueran enviados a PA Child Care y Western PA Child Care.
Ciavarella ordenó cárcel para niños incluso de apenas ocho años, muchos de ellos por delitos menores como hurto. A menudo ordenaba que los chicos sean encadenados, esposados y llevados inmediatamente a prisión sin oportunidad de despedirse de sus familias.
“Ciavarella y Conahan abandonaron su juramento y violaron la confianza pública”, escribió Conner el martes en su explicación del fallo. “Sus acciones crueles y despreciables victimizaron a una población vulnerable de menores, muchos de los cuales estaban sufriendo problemas emocionales y de salud mental”.
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La Corte Suprema de Pensilvania anuló los fallos de culpabilidad contra unos cuatro mil menores tras conocerse el esquema.
Ciavarella cumple una sentencia a 28 años en prisión. Conahan, que fue sentenciado a más de siete años en prisión, fue enviado a arresto domiciliario en el 2020 — con seis años restantes a su sentencia — debido a la pandemia de coronavirus.
No estaba claro si los demandantes — que ahora son adultos — recibirán al menos algo de los pagos. El condado Luzerne, que estuvo entre los demandados, fue sacado de la causa hace años.
Masha Levick, cofundadora y asesora legal del Centro de Derecho Juvenil, basado en Filadelfia, y uno de los abogados de los demandantes, dijo el miércoles que ella no puede imaginarse “que haya algún dinero”.
