Las autoridades rusas allanaron el miércoles la vivienda de una experiodista de una televisora estatal que renunció luego de una protesta durante una transmisión en vivo contra la guerra de Moscú en Ucrania, y abrieron un caso penal contra ella por difundir información falsa sobre las fuerzas armadas rusas, dijo su abogado en redes sociales.
El caso contra Marina Ovsyannikova se abrió en base a una ley, que entró en vigor tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, que penaliza las declaraciones contra el ejército, apuntó el letrado, Dmitry Zakhvatov. Si es declarada culpable, podría recibir una sentencia de hasta 15 años de cárcel.
Zakhvatov dijo a la web noticiosa independiente Meduza, que el caso está probablemente relacionado con una protesta de Ovsyannikova el mes pasado, cuando mostró un cartel que decía “(Vladimir) Putin es un asesino, sus soldados son fascistas", refiriéndose al presidente del país.
Tras el registro, se espera que Ovsyannikova sea llevada ante el Comité de Investigación para ser interrogada, indicó el abogado en Telegram.
Ovsyannikova trabajaba como productora en la televisora Channel One, financiada por el estado ruso. Saltó a la primera plana de la actualidad internacional el 14 de marzo, cuando apareció detrás del conductor del noticiero vespertino mostrando un cartel con el lema “Paren la guerra, no crean la propaganda, aquí les mienten”. Fue acusada de desacreditar el ejército ruso y recibió una multa de 30.000 rublos (270 dólares entonces).
Tras abandonar su empleo, Ovsyannikova se convirtió en una especie de activista, organizó piquetes contra la guerra e hizo declaraciones públicas contra el conflicto.
En las últimas semanas recibió otras dos multas por difamar al ejército en una publicación crítica en Facebook y en sus comentarios en un tribunal donde estaba encarcelado el opositor Ilya Yashin, quien espera su juicio por difundir información falsa sobre la institución militar.
Según Net Freedoms, un grupo de ayuda legal que se centra en casos de libertad de expresión, hasta el miércoles, en Rusia había 79 casos penales por difusión de información falsa sobre el ejército y hasta 4.000 administrativos por presuntas difamaciones a las fuerzas armadas.