LIMA (AP) — El principal abogado del equipo defensor del presidente peruano Pedro Castillo y de su esposa renunció el miércoles sin precisar los motivos un día después de que la fiscalía ingresó al Palacio Presidencial en busca de la cuñada del mandatario, investigada por presunto lavado de activos.
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Benji Espinoza dijo en su cuenta de Twitter que los abogados no pueden ser juzgados “por quiénes defendemos sino cómo defendemos”. Más temprano había indicado a periodistas que se iba a demostrar que la primera dama Lilia Paredes “no tiene un céntimo mal habido, no tiene desbalance patrimonial” y que no le iban a “hallar ningún acto de lavado o que pertenece a una organización criminal”.
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Quedan otros tres defensores del mandatario, quien suma al momento cinco investigaciones fiscales, la mayoría por corrupción. Castillo ha niega todas las acusaciones y afirma que existe una “persecución irracional” en su contra.
La víspera fiscales y policías ingresaron al palacio con una orden de un juez para detener por 10 días a Yenifer Paredes de 26 años, cuñada del mandatario y que fue criada como una hija por Castillo y la primera dama, pero no pudieron dar con ella.
Yenifer Paredes está en la clandestinidad al igual que otros dos miembros del círculo presidencial, un sobrino y el exministro de Transportes Juan Silva.
La fiscalía acusa de integrar un grupo criminal a Castillo, a varios familiares, al actual ministro de Transportes Geiner Alvarado y a un alcalde del pueblo donde vivía Castillo. La coordinadora sería la primera dama y los testaferros tres cuñados del mandatario, incluida Yenifer Paredes. En tanto, las empresas de fachada serían propiedad de personas cercanas a la familia presidencial.
La fiscalía presume que Yenifer Paredes ayudó al dueño de una de las supuestas empresas de fachada a obtener obras públicas pese a no tener la capacidad económica para garantizar la ejecución de las obras y ni experiencia.
La policía también buscó a Yenifer Paredes en la casa de una prima en Lima y en su domicilio rural en los Andes de Cajamarca, donde fue criada desde niña por la pareja presidencial cuando su madre murió. La justicia también ordenó detener a otros integrantes de la presunta red.
Castillo gobierna desde hace un año y su mandato debe terminar en 2026.
