RÍO DE JANEIRO (AP) — Tras declarar irrevocable su decisión, un tribunal en Brasil se retractó y reabrió una demanda que pedía invalidar la protección ambiental a una zona de la selva amazónica. La decisión del lunes es un revés para un ganadero considerado el peor perpetrador de la deforestación amazónica.
La fiscalía de Mato Grosso anunció que reabrió la causa porque el tribunal superior estatal no le avisó sobre su decisión, como se requiere en demandas relacionadas con el interés público. El tribunal superior confirmó el cambio a The Associated Press.
El Parque Estatal Cristalino II cubre unas 118.000 hectáreas (292.000 acres) y se encuentra en una zona intermedia entre la Amazonía y la de Cerrado, que es más seca. Vive allí una especie de mono araña (Ateles marginatus) que está en peligro de extinción por pérdida de hábitat.
En su decisión por tres votos a favor y dos en contra, el tribunal superior de Mato Grosso determinó que fue ilegal la creación del parque en 2001 porque se realizó sin consulta popular.
El demandante es una compañía vinculada a Antonio José Rossi Junqueira Vilela, quien ha sido multado por millones de dólares por la deforestación y por robo de miles de hectáreas (acres) de la selva amazónica, incluso dentro del Cristalino II.
En 2016, la familia Vilela apareció en los titulares en Brasil al estar al centro de una acción oficial contra la deforestación de la selva amazónica. El fiscal general del país lo tildó del principal deforestador de la Amazonía.
El gobierno estatal no apeló la decisión con base en cuestiones técnicas, lo que llevó al tribunal a declarar definitiva la decisión en abril.
Mato Grosso, el estado de mayor producción de soya en Brasil, es liderado por el gobernador Mauro Mendes, un político partidario de la industria agrícola y aliado del presidente Jair Bolsonaro, quien reiteradamente se ha quejado de que Brasil tiene demasiadas áreas protegidas y ha prometido no crear más.
Los eventos judiciales ocurrieron hace meses, pero fue apenas la semana pasada cuando la prensa local reportó la disolución del parque, provocando la movilización de los grupos ambientalistas locales. Ahora que se ha reanudado la demanda, la fiscalía estatal planea apelar a los tribunales nacionales. Entretanto, el gobierno estatal no puede anular la creación del parque, como había anunciado la semana pasada.
“El parque sigue”, declaró en un comunicado Edilene Amaral, consultor para el Observatorio Socio-Ambiental de Mato Grosso, un grupo sin fines de lucro.
“Toda actividad incompatible con la protección total sigue estando prohibida y sujeta a penalidades”, añadió.
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