LA PAZ, Bolivia (AP) — Los integrantes del mayor sindicato cocalero de Bolivia demandaron el miércoles la renuncia del ministro de Desarrollo Rural tras dos días de choques con la policía por disputas entre dirigentes rivales por el control del lucrativo comercio legal de coca.
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Uno de los grupos en disputa presentó una demanda al gobierno para exigir el cierre de un mercado en La Paz que consideran “ilegal” y acusaron al gobierno de proteger al grupo que administra ese mercado por razones políticas. Las autoridades no se han pronunciado sobre el pedido.
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“Ya hemos enviado un pliego petitorio, estamos esperando qué nos dice el gobierno. No vamos a claudicar. Este mercado ilegal se abre con ayuda del gobierno por eso estamos en esta lucha... queremos que se vaya este ministro” Remmy Gonzales, expresó a los medios locales Carlos Choque, representante del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (COFECAY).
En los dos días de protestas la policía ha impedido el cierre del mercado de coca ubicado a pocos metros de otro que defienden los manifestantes. Varios comercios debieron cerrar por el uso de gas lacrimógeno por parte de la policía.
El conflicto es de larga data: uno de los grupos se ha distanciado del gobierno del presidente Luis Arce, al que acusa de avalar a cocaleros supuestamente ilegales con el propósito de dividir a ese combativo gremio rural.
La sobreproducción de coca derrumbó el precio de esa hoja y está exacerbando el conflicto. En Bolivia el cultivo de esa hoja es legal hasta 22.000 hectáreas para consumo tradicional, pero un reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra el Droga y el Delito (UNODC) reveló que los cultivos llegaron a 29.400 hectáreas en 2020.
Según expertos los cultivos ilegales están creciendo por un relajamiento en los controles. La oposición acusa al gobierno de Arce de una ineficiente lucha contra la producción y tráfico de cocaína de la que Bolivia es tercer productor mundial después de Colombia y Perú.
Según la UNODC, el comercio legal de coca nueve entre 350 y 400 millones de dólares al año, poco más del 1% del Producto Interno Bruto. Estimaciones no oficiales indican que el comercio de cocaína mueve al menos tres veces más que esa cifra.
Más de 50.000 familias dependen del cultivo de esta hoja, según los dirigentes cocaleros.
