MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El organismo ha documentado que una masacre carcelaria que tuvo lugar en Guayaquil en noviembre de 2021, en la que murieron más de 60 detenidos. Los investigadores han descubierto que el control de las bandas penitenciarias sobre partes de la prisión permitió la masacre, y que las autoridades no respondieron de manera adecuada para prevenir los asesinatos, asistir a los familiares de las víctimas e investigar los crímenes.
"Estos hechos violentos son un recordatorio alarmante de la incapacidad de las autoridades para controlar eficazmente las prisiones y proteger la vida y la seguridad de los ecuatorianos", ha indicado la directora interina para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk Broner.
"A menos que el presidente Guillermo Lasso dé prioridad a abordar el hacinamiento y arrebatar el control de los centros de detención al crimen organizado, es probable que haya más derramamiento de sangre", ha agregado Broner.
Las malas condiciones carcelarias en todo el país, incluido el hacinamiento, han contribuido a una serie de asesinatos masivos relacionados con las pandillas en las cárceles.
Desde 2021, se han producido siete masacres en cárceles de las ciudades de Guayaquil, Latacunga, Santo Domingo y Cuenca, que han dejado más de 350 detenidos muertos y decenas de heridos. Esto incluye 12 muertos en la prisión de Santo Domingo el 18 de julio de 2022.
Así, HRW asegura que los centros de detención suelen estar controlados por organizaciones delictivas que extorsionan a los detenidos y a sus familias.
El organismo ha entrevistado a 30 personas y ha revisado información y estadísticas proporcionadas por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General del Estado sobre las condiciones carcelarias y las investigaciones penales sobre las masacres, así como documentos judiciales y una serie de fuentes secundarias.
Sin embargo, la Policía y la autoridad penitenciaria nacional, denominada Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), no respondieron a las solicitudes de información de HRW.
En septiembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso declaró varios "estados de excepción" en las cárceles del país que permitieron a su Gobierno desplegar soldados para controlar los centros de detención, según la organización.
En febrero de 2022, el Gobierno adoptó una "política pública" de rehabilitación, un plan de acción para reforzar el acceso a la salud, la educación y otros servicios básicos para los detenidos y mejorar las condiciones de las prisiones.
En diciembre de 2021, el presidente Lasso convocó una comisión de expertos para reformar el sistema penitenciario del país. El 16 de junio, la comisión publicó su informe final en el que concluía que las cárceles de Ecuador son "almacenes de castigo" más que centros de rehabilitación debido a su enfoque punitivo y a la falta de programas adecuados.
Los expertos afirmaron que el hacinamiento ha aumentado la violencia en las prisiones, y señalaron los informes sobre el trato inhumano y degradante, y la corrupción, por parte de la Policía y los guardias de la prisión, así como la falta de acceso a la atención médica para los detenidos.
En este sentido, a mediados de julio, las autoridades ecuatorianas no habían condenado a nadie por su participación en los asesinatos de noviembre ni en ninguna otra masacre en las cárceles ocurrida en 2021. En diciembre, la Fiscalía había abierto 26 investigaciones sobre "hechos violentos" ocurridos en las cárceles en 2021, incluidas las masacres.
Por otra parte, varios familiares de víctimas han asegurado a Human Rights Watch que habrían pasado días tratando de averiguar si sus seres queridos habían sobrevivido.
Asimismo, los familiares han afirmado que no han recibido ninguna reparación, indemnización o apoyo del Gobierno.
Así, HRW ha hecho hincapié en que las cárceles de Ecuador "están superpobladas", y en que algunas de ellas tienen aproximadamente "el doble de detenidos que su capacidad oficial, y guardias insuficientes y mal formados".
El organismo ha explicado que el hacinamiento parece tener su origen en el uso excesivo de la prisión preventiva, en los retrasos en la concesión de los beneficios penitenciarios establecidos en la legislación ecuatoriana, como los regímenes semiabiertos o la libertad anticipada, y en las duras políticas antidroga que en los últimos años han incrementado las penas por delitos relacionados con las drogas.
En este contexto, un funcionario de la Defensoría del Pueblo informó a Human Rights Watch que entre las víctimas de la masacre de noviembre se encontraban 13 personas que estaban en prisión preventiva, seis detenidos que tenían apelaciones pendientes y dos personas cuya liberación había sido ordenada y estaban a la espera de recibir sus órdenes de liberación por escrito.
HRW examinó los documentos judiciales relativos a los detenidos que fueron denunciados como muertos por la Defensoría del Pueblo y otras autoridades. Al menos 15 víctimas denunciadas como asesinadas por las autoridades reunían los requisitos necesarios, según la legislación ecuatoriana, para ser trasladadas a un régimen "semiabierto" o ser liberadas condicionalmente.
Además, según los documentos --aunque no está claro cuántas de ellas habían solicitado el traslado o la liberación-- al menos otros tres presos habían sido condenados por un delito de drogas de bajo nivel, según la organización.
HRW ha recordado que en virtud del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ecuador tiene la obligación de garantizar que toda persona privada de libertad sea tratada con humanidad y con respeto a su dignidad inherente.
Este mayor deber de cuidado incluye garantizar su seguridad, así como proporcionar un alojamiento adecuado, alimentación y atención médica, entre otros requisitos. Ecuador tiene la obligación, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de investigar de forma rápida y exhaustiva cualquier muerte en las prisiones.