MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
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El Gobierno deberá además presentar un informe de los avances en la implementación de cada plan, según la decisión adoptada por la Sala Especial de Seguimiento que concluye que persiste un estado de cosas inconstitucional en materia de prevención del desplazamiento y protección de la población.
La Corte considera que se ha producido un retroceso en las garantías de derechos de la población víctima de desplazamiento, ha habido un aumento de la violencia generalizada en el país y han crecido los desplazamientos masivos y confinamientos, según la información presentada por la Unidad para las Víctimas.
La situación se ha agravado a causa de la presencia de cultivos para usos ilícitos, el reclutamiento de menores de edad por actores armados, las minas antipersona y municiones sin explosionar y los riesgos en contra de líderes, lideresas y autoridades étnicas.
Teniendo esto en cuenta, la Corte ha rechazado la solicitud del Gobierno de declarar un avance en la situación de emergencia humanitaria. Por el contrario, ha ordenado implementar una serie de medidas para atender la misma, tales como crear una política pública de prevención, y un plan de fortalecimiento del programa de protección.
Por último, ha ordenado a la Procuraduría General de la Nación que realice un seguimiento a las alertas tempranas y denuncias.
