California respondió el viernes a dos sentencias recientes de la Corte Suprema de Estados Unidos con el anuncio del gobernador Gavin Newson, que sancionará una controvertida ley de control de armas, la primera de su tipo en el país y que sigue el modelo de la ley de Texas que prohíbe el aborto.
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Hace un mes, los jueces conservadores del tribunal supremo derogaron el derecho constitucional de las mujeres al aborto y socavaron las leyes de control de armas de varios estados, incluido California.
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Newsom reunió los dos temas en una ley que permite a la gente demandar a quienes distribuyen armas de asalto ilegales, las partes que se pueden usar para fabricar dichas armas, las armas sin números de serie o los rifles calibre 50. Se les otorgaría al menos 10 mil dólares en daños por cada arma y los costos de los abogados.
“Mientras la Corte Suprema deroga medidas razonables de seguridad en armamentos, California sigue agregando nuevas disposiciones para proteger la vida de nuestros niños”, anunció Newsom en un comunicado antes de firmar la ley. “California utilizará cada arma a nuestra disposición para salvar vidas, sobre todo ante una Corte Suprema cada vez más extrema”.
Por pedido de Newsom, los redactores de la ley aplicaron el modelo de una ley de Texas bajo la cual un ciudadano puede demandar a cualquiera que realiza un aborto o ayuda a realizarlo. La Corte Suprema aprobó de manera preliminar la ley de Texas, pero la de California quedará invalidada automáticamente si finalmente se declara que la de Texas es inconstitucional.
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“Es una mala decisión, pero la realidad es que mientras sea ley, aprovechémosla para salvar vidas, tratar de salvar vidas, en California”, dijo el redactor del proyecto, el senador estatal demócrata Robert Hertzberg, en una entrevista. “Se trata de estos dos grandes problemas que enfrentamos. Adicionalmente, no se puede tener un doble criterio. No se puede aplicar un criterio a las armas y otro criterio a la salud reproductiva de las mujeres. No es justo”.
Contra la ley se ha formado una sorprendente alianza de defensores de los poseedores de armas y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que critican lo que llaman un sistema de recompensas para alentar demandas de parte de los civiles. La ACLU calificó la ley de “ataque a la constitución” por tratar de soslayar deliberadamente el proceso judicial al otorgar a los ciudadanos poderes que son de los gobiernos y por socavar el debido proceso de ley.
