MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
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El Ministerio de Sanidad sudanés ha señalado en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que hasta el momento se han confirmado 105 fallecidos y 291 heridos. Asimismo, ha indicado que 20 de los heridos han sido trasladados fuera de la región para ser atendidos.
El jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, ha reclamado a las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad que "adopten urgentemente todas las medidas legales" contra los que "incitan los problemas raciales y abogan por la sedición, lo que afecta a la paz social, ya sea a través de medios de comunicación, redes sociales u otros métodos", según ha recogido la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA.
Asimismo, ha ordenado a las compañías de telecomunicaciones que dejen de operar con tarjetas SIM que no estén registradas y ha indicado que los usuarios deben identificarse para la compra de las mismas, de cara a impedir el uso irregular de las mismas para las telecomunicaciones.
Los enfrentamientos estallaron a finales de la semana pasada entre miembros de la comunidad berta y comunidades hausa, una situación que llevó al gobernador regional, Ahmed al Omda, a imponer un toque de queda para intentar contener los combates. Al Omda prometió detener a los responsables para que rindan cuentas y dijo que las autoridades trabajarán activamente para restaurar el orden y la coexistencia pacífica en la región.
La región de Qissan, y en general el estado del Nilo Azul, es escenario de conflicto desde 1986. Allí, las guerrillas llevan siendo durante décadas un serio problema para las autoridades, tanto para el depuesto dictador Omar al Bashir, como para la junta militar que ahora mismo controla el país.
El golpe de Estado de octubre de 2021, liderado por Al Burhan, derivó en la destitución del primer ministro civil, Abdalá Hamdok, si bien las presiones internacionales forzaron un acuerdo para restituirle en el cargo en noviembre, si bien dimitió en enero en protesta por la violenta represión de las protestas contra las autoridades militares. El vacío de seguridad creado por la crisis política ha posibilitado un nuevo repunte de la violencia tribal en la zona.
