QUITO (AP) — El diálogo prosiguió a las protestas de junio y ahora el gobierno y las organizaciones indígenas de Ecuador se sientan frente a frente en las mesas de conversación ante la mirada de una sociedad que espera olvidar esas violentas jornadas, aunque hay quienes no borrarán de su memoria lo que vivieron aquellos días.
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El 23 de junio, una empresa de suministro de alimentos y derivados solicitó la custodia militar para que sus camiones pudieran atravesar los bloqueos que impedían el paso en las carreteras y que por 11 días habían perjudicado a su cadena productiva. A las siete de la noche, un convoy de nueve camiones resguardados por vehículos militares se alistaba a pasar por la entrada norte de la capital. Su destino era la ciudad costera Guayaquil.
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“Ya estamos por la Mitad del Mundo”, se escucha decir a uno de los conductores en un video, tan solo minutos antes de que fueran víctimas de un violento ataque por parte de una turba.
Los trabajadores reportaban a su jefe lo que ocurría, pidiendo ayuda. Los audios quedaron grabados: “Ingeniero, nos emboscaron”, “están acribillando a los carros”, “al frente mío van a prender un carro militar”, se escucha decir a otro en medio de sollozos. Al fondo, se oye una sentencia “te vamos a matar”.
Andy Narváez es uno de los conductores del convoy que cree que tuvo una segunda oportunidad para vivir. Su misión como supervisor de entrega era que los alimentos de primera necesidad lleguen a los lugares considerados sensibles: hospitales, colegios y otros.
Mientras circulaban por el redondel de la Mitad del Mundo, una turba los rodeó. “Fue una emboscada, nos hicieron avanzar … y vinieron por los cuatro lados … llovían piedras, cuchillos, intentamos retroceder, pero nos acorralaron”, relató a The Associated Press.
Fue sacado de su camión a la fuerza, igual que los otros conductores. Recibió golpes en la cara, en la cabeza, con un bloque doblaron su rodilla y “me pusieron un cuchillo en el cuello”, comenta. Ése fue el momento justo en que “dos familias nos salvaron la vida, nos cubrieron y se pusieron delante de nosotros”. Reconociéndolos por el uniforme de la empresa, los fueron agrupando en una de las viviendas para resguardarlos, otros se amarraron sus camisas en la cabeza y se mezclaron entre la turba.
Se llevaron las pertenencias, las llaves de los camiones, el cargamento de comida, memorias de los vehículos, baterías, llantas, radios, recuerda el ciudadano, “mientras todos llorábamos”. Ya a salvo, en la vivienda de uno de los pobladores, recibieron atención médica voluntaria.
Andy asegura que quienes los atacaron “no eran indígenas”, tampoco ecuatorianos, afirmó: “Los señores que me atacaron eran venezolanos y colombianos”. En aquellos días, el canciller Juan Carlos Holguín, responsabilizó del ataque al convoy en la Mitad del Mundo a una banda delictiva denominada “Pikachú”, cuya actividad sería el “microtráfico”, “con personas extranjeras”, dijo en declaraciones a un canal de televisión.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, admitió el jueves en una radio local que “muchas cosas sucedieron en el paro... gente que se infiltró, pseudo guerrillas urbanas que aprovecharon para vandalizar y criminalizar, gente a la que se le llevaron productos de un quiosco”. Diferenció entre delitos menores como el cierre de carreteras, que deberán ser “valorados por la administración de justicia”, de acuerdo con el “principio de proporcionalidad”, pero advirtió que los actos criminales como “quemar la Fiscalía … atacar a la gente, aterrorizar a la población” e incluso “asesinar”, no pueden quedar en la impunidad y deberán ser juzgados hasta determinar a los responsables y sus sanciones.
Francisco Molina, gerente de Logística de “Hanaska”, dialogó con The Associated Press. Recordó aquella jornada como un “evento de terrorismo” y un “momento bastante difícil … por no poder estar ahí para apoyar a la gente”. “Nuestra disposición principal fue resguardarse, reunirse y los vehículos quedaron en la calle”, hasta que fueron retirados horas más tarde cuando el peligro había pasado.
Sobre las afectaciones económicas, dijo que “las pérdidas son “incalculables”, pues también en las protestas “nos tocó pagar peajes, entregar comida y tratar de hacer actos de buena voluntad con los manifestantes para poder pasar y eso se vuelve una extorsión”. La empresa evalúa las pérdidas, al tiempo que interpuso la denuncia ante la Fiscalía.
Al otro extremo de la ciudad está la populosa parroquia de Tumbaco, uno de los puntos en el que los episodios violentos y desórdenes tomaron relevancia en redes sociales. Saqueos, robos, amedrentamientos y hasta una balacera fueron parte de las jornadas que vivieron sus habitantes.
Jeaneth Quilumba tiene 40 años y es propietaria de una papelería en la calle principal, una de las más comerciales de la zona. Cuenta que en los primeros días de la manifestación todo parecía tranquilo, pero conforme avanzaban “se empezó a ver más personas que pedían dinero … que no eran de las que estaban en las movilizaciones y se tornó inseguro”.
Normalmente su negocio abre desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche. Su horario de cierre se fue adelantando progresivamente porque veían incrementar el peligro, como le ocurrió a una frutería cercana a su local en la que desconocidos ingresaron a pedir que se les entregara el producto.
“Un día hubo una balacera”, cuenta. En mi caso tuve que cerrar completamente el local, porque al suspenderse las clases en los colegios y escuelas “las ventas bajaron” y una de sus trabajadoras vivió un episodio violento cuando personas ingresaron a solicitar dinero y al no obtenerlo, rompieron objetos al salir del local.
Consultada por AP sobre el nivel de afectación, la comerciante estima que durante los 18 días de paralización tuvo pérdidas del al menos el 80%. “Nos perjudicó totalmente, no pudimos pagar a las personas que colaboran con nosotros y acordamos con ellas pagarles la mitad del sueldo, no se tenía dinero para pagar a los proveedores y se vuelve una bola de nieve, uno no puede recuperarse rápido, son varios meses para poder recuperar los daños”, acotó.
La cifra oficial de pérdidas por la protesta en el sector productivo fue de 500 millones de dólares, que incluyen el sector de comercio con 90 millones de dólares, y ventas que se redujeron en un 60%. Entre las cadenas más afectadas estuvieron la avícola, florícola, láctea, entre otras.
La jornada de protestas inició el 13 de junio con la llegada a Quito de delegaciones de comunidades de indígenas que permanecieron en la capital por 18 días. Durante los enfrentamientos callejeros con la policía hubo actos violentos. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, afirmó que algunos de los actos, como los ocurridos en la Amazonía durante un ataque a otro convoy que dejó un militar muerto, fueron provocados por las guardias indígenas, entrenadas para estar en primera línea en estos eventos, acusación que los dirigentes de las organizaciones han negado, al igual que rechazaron supuestas donaciones provenientes del narcotráfico.
