MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
En una carta remitida a CEAR, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto Tribunal explica que el expediente "será sometido a examen tan pronto como sea posible". La demanda de CEAR iba acompañada con imágenes que recogen el retorno completo del joven desde Ceuta al lado marroquí, realizado a plena luz del día y frente a la prensa nacional e internacional.
"En las imágenes se puede comprobar que la devolución de Abdou se hizo en ausencia de procedimiento, sin identificación, sin asistencia letrada, sin intérprete y sin acceso a tutela judicial", ha señalado la directora general de CEAR, Estrella Galán.
Según denuncia CEAR, esta falta de procedimiento individualizado vulnera el protocolo 4 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en lo que se refiere a la prohibición de toda expulsión colectiva; y el artículo 13 del Convenio Europeo para los Derechos Humanos, que garantiza la posibilidad de que cualquier persona forzada a retornar a su país pueda recurrir la decisión de manera efectiva.
"Las devoluciones inmediatas en Ceuta, el 18 de mayo de 2021, se realizaron sin análisis individualizado de la situación de cada uno. Tampoco hubo resolución de expulsión que pudiera garantizar el acceso a un recurso efectivo y el caso de Abdou es la prueba fehaciente", ha remarcado la coordinadora jurídica de CEAR, Paloma Favieres.
Según señala CEAR, el Gobierno "ha tratado de justificar" que este tipo de devoluciones sumarias se hacen en el marco de los "rechazos en frontera, que se pretendieron legalizar a través de una disposición adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2014". Si bien, precisa que el Tribunal Constitucional recordó en una sentencia que estas expulsiones deben hacerse con plenas garantías y respeto a los derechos humanos.
CEAR denuncia que este tipo de devoluciones ilegales continúan produciéndose en las fronteras españolas, "como se ha podido comprobar recientemente en los trágicos sucesos de Melilla el pasado 24 de junio, en los que perdieron la vida al menos 37 personas tras un intento de salto a la valla".
Por ello, la organización considera que es fundamental seguir llevando estos casos ante los tribunales internacionales, con el objetivo de que "las devoluciones ilegales desaparezcan de las fronteras europeas y se garantice el acceso al derecho humano a solicitar asilo".