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MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
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Las fuerzas gubernamentales de Etiopía y varios grupos armados que operan en el país africano han estado detrás de la muerte de cientos de civiles y otros abusos de los Derechos Humanos durante el último año, según ha denunciado este viernes la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía (EHRC).
El organismo ha destacado en su informe anual, que ha sido enviado al Parlamento, que ha documentado "graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas por actores estatales y no estatales en el contexto del conflicto que han derivado en muertes generalizadas, daños físicos y psicosociales y violencia de género", entre otros abusos.
Así, ha manifestado que los ataques han sido llevados a cabo contra civiles, incluidos mujeres, niñas, ancianos y personas con discapacidades, antes de agregar que "fueron llevados a cabo con extrema brutalidad y crueldad", tal y como recoge un comunicado publicado por el organismo en su página web.
"En el contexto de la guerra en Etiopía, todas las partes en conflicto han cometido graves violaciones del Derecho Internacional y el Derecho Humanitario contra civiles", ha dicho, al tiempo que ha resaltado que "en las zonas de conflicto, el derecho a la vida, a la seguridad, a la justicia, a no ser sometido a tratamientos crueles, inhumanos o degradantes y el derecho a no sufrir castigos han sido violados por las fuerzas gubernamentales, las fuerzas tigrayanas --en referencia al Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF)-- y otros grupos armados", ha detallado.
En este sentido, ha destacado que "si bien un gran número de estas violaciones son civiles, miembros capturados de las partes en conflicto han sido también sometidas a estas violaciones", antes de añadir que "en otras regiones, en algunas comisarías y centros irregulares de detención, los detenidos han sido objeto de prácticas ilegales, prolongados arrestos a la espera de juicio y palizas".
Respecto al conflicto desatado en noviembre de 2020 entre el Ejército etíope y el TPLF en Tigray --extendido posteriormente a Amhara y Afar--, "la interrupción de los servicios básicos, la destrucción de instalaciones médicas y educativas, así como de propiedades privadas (...) y el desplazamiento a gran escala tienen un impacto negativo sobre los derechos socioeconómicos, incluidos los derechos a la comida, la sanidad y la educación".
La EHRC ha especificado que durante el periodo de estado de emergencia decretado por el primer ministro, Abiy Ahmed, a raíz de los avances del TPLF hacia la capital, Adís Abeba, se registraron "detenciones arbitrarias y generalizadas, detenciones en lugares irregulares, negativa del derecho de visita y prolongadas detenciones a la espera de juicio". La medida estuvo en pie entre noviembre de 2021 y enero de 2022.
"En algunas zonas, las órdenes de los tribunales fueron ignoradas y la gente ha seguido detenida, violando las órdenes de liberación bajo fianza, incluso después de que la Fiscalía retirara los cargos", ha manifestado. Previamente, se había denunciado la detención de miles de personas, principalmente tigrayanos, tras la declaración del estado de emergencia.
De esta forma, ha especificado que "cerca de 9.000 residentes de origen tigrayano fueron detenidos en diciembre de 2021 en la región de Afar y siguen, a día de hoy, retenidos en dos campamentos en la ciudad de Semera", mientras que el "limitado acceso a ayuda humanitaria y atención médica" ha derivado en varias muertes.
"En las regiones de Oromía y Somali, la sequía ha reducido la capacidad del Gobierno y las organizaciones no gubernamentales para dar ayuda humanitaria", ha lamentado, al tiempo que ha especificado que "más de cuatro millones de desplazados internos siguen esperando soluciones duraderas y dependen de la ayuda humanitaria".
En otro orden de cosas, el organismo ha dicho que 54 trabajadores de los medios de comunicación fueron detenidos durante periodos de entre "días y meses" entre julio de 2021 y mayo de 2022, incluidos 15 que siguen detenidos en la región de Tigray.
El jefe de la EHRC, Daniel Bekele, ha subrayado que el informe "es un recordatorio de que, dado que los desacuerdos políticos y la inestabilidad son la raíz del contexto general de la guerra, los conflictos y los ataques generalizados contra civiles en Etiopía, las soluciones políticas son parte inevitable de unas soluciones sostenibles".
"Si bien este informe anual no pretende ser una lista exhaustiva de incidentes sobre violaciones de los Derechos Humanos, supone un vistazo exhaustivo a las preocupaciones en este sentido que requieren una acción inmediata y urgente", ha zanjado.
