QUITO (AP) — El máximo líder de las recientes protestas indígenas en Ecuador, Leonidas Iza, afrontaba el lunes un juicio impulsado por el Estado, que lo acusa de paralización de servicio público, delito que la ley castiga con uno a tres años de prisión.
E país estuvo al menos dos semanas virtualmente paralizado por férreos bloqueos de las principales carreteras del país, incluida la Panamericana.
El proceso se realiza en la ciudad andina de Latacunga, 90 kilómetros al sur de Quito, en uno de cuyos sectores rurales fue detenido el dirigente el 14 de junio. Un día más tarde fue puesto en libertad, a partir de lo cual las protestas recrudecieron y se radicalizaron con acciones de violencia como agresiones y saqueos a pequeños comercios.
Las protestas terminaron el 30 de junio, cuando Iza y otros dirigentes indígenas y representantes del gobierno, suscribieron una acta de paz en la cual ambas parte se comprometieron a atender los pedidos de ese sector. Uno de los principales fue la reducción del precio de la gasolina, que bajó desde 2,55 dólares el galón a 2,40 dólares.
Hacia el mediodía, el proceso judicial entró en receso a fin de preparar las condiciones para evacuar pruebas solicitadas por la defensa del sindicado.
Antes de empezar el juicio, Iza había dicho que es necesario evitar cualquier acto “que vaya a indignar a la gente". Agregó que "la gente no sale por violenta, sale frente a esta realidad y si hoy día se tiene una sentencia o alguna acción que sea desproporcionada... se bloquearía la posibilidad de avanzar en los temas centrales , sustanciales de este país”.
“Vamos a luchar por una verdad, por una justicia independiente, pueden decir lo que sea desde la justicia, pero está clarísimo que la justicia es controlada políticamente”, añadió.
La primera evaluación realizada la semana pasada por el gobierno señaló que la paralización de 18 días ha dejado pérdidas por 1.000 millones de dólares en diferentes sectores productivos, especialmente en agroexportadores.