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Un muerto en un motín en una cárcel de Ecuador

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Los presos se han amotinado durante una operación de control para requisar objetos prohibidos y han emboscado a los funcionarios y efectivos del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, según recoge el diario ecuatoriano 'La República'.

"La oportuna intervención policial, permitió la mañana de este viernes 1 de julio, el control al interior del Centro de Rehabilitación Social de Loja, cuando los internos protagonizaron un amotinamiento, pese a la inmediata reacción policial, lamentablemente se registra un fallecido y tres heridos", ha informado la Policía ecuatoriana en un comunicado.

La propia Policía ha confirmado tres heridos que "recibieron atención médica inmediata" y "un cuarto ciudadano recibió un impacto de bala a la altura de su pecho lo que presuntamente provocó su deceso".

Los agentes, tras recuperar el control de la prisión, han registrado las celdas y han hallado un arma de fuego, una pistola con su respectivo cargador.

Además, la Policía acordonó la zona para contener a los familiares de los presos, reunidos frente a la prisión e inquietos tras escuchar disparos.

"Es necesario mencionar que pese a la crisis, la Policía Nacional, actuó con el profesionalismo adecuado, respetando los derechos que poseen las personas privadas de su libertad", ha destacado la Policía.

Sin embargo, el excandidato presidencial indigenista Yaku Pérez ha reprochado al Gobierno el "uso progresivo de la fuerza" que "reprimió al pueblo del Ecuador".

"Sólo en Cuenca 8 jóvenes afrontan criminalización por ataque y resistencia. Golpeados y judicializados. ¡Inaudito!", ha denunciado Pérez en un mensaje en Twitter acompañado de un vídeo en el que se puede ver a un grupo de policías golpeando a un individuo que estaba en el suelo.

La Fiscalía de Ecuador investiga ya lo ocurrido y funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos están atendiendo a los familiares de los presos.

Ecuador cuenta con una población carcelaria de 39.000 personas, una cifra un 30 por ciento por encima de la capacidad de las 65 cárceles del país. De ellas, 15.000 no tienen una sentencia condenatoria que avale su encarcelamiento.

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