MIAMI (AP) — La defensa de un exmarino argentino que enfrenta un juicio en Miami por su presunto papel en el fusilamiento de un grupo de prisioneros políticos hace casi 50 años, insistió el viernes en que la causa ha caducado porque han pasado décadas desde que ocurrieron los hechos en la Patagonia argentina.
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Familiares de cuatro de las víctimas de la llamada “Masacre de Trelew” demandaron en octubre de 2020 a Roberto Guillermo Bravo en la corte federal de Miami en busca de una recompensa económica por los supuestos daños que el exmilitar les provocó.
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La masacre fue en Argentina, pero la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura permite acciones judiciales si los acusados están en Estados Unidos.
Uno de los abogados de Bravo, Roger Slade, alegó que pasaron más de los 10 años permitidos por la ley para que la demanda sea presentada y que no existen circunstancias extraordinarias que justifiquen el caso en Miami. Para el defensor, la fecha máxima sería 1982.
“No creo que los demandantes se hayan esforzado para demostrar que lo estuvieron buscando desde 1973”, expresó Slade en un intento por tirar por la borda el argumento de los demandantes, que aseguran que hasta 2008 desconocían donde estaba Bravo. “Las cortes de Estados Unidos estaban abiertas para que interpusieran una demanda civil... no lo hicieron”, expresó.
En 2008 Interpol notificó a las autoridades argentinas que había encontrado en Florida a Bravo. En 2010 el gobierno de la nación sudamericana solicitó su extradición, pero meses después fue denegada por un juez de Florida. En 2019 se presentó un segundo pedido de extradición, que aún está en proceso.
Los demandantes alegan que debido al clima de miedo que se vivía en Argentina por las dictaduras militares de los años 70 y 80, los familiares no se animaron a hacer denuncias por temor a ser reprimidos y desaparecidos. Además, dicen, recién en 2008 supieron del paradero de Bravo y luego se concentraron en un juicio criminal en su país.
En Argentina a partir de 2005 se inició una investigación que allanó el camino a una denuncia penal. Bravo fue el único de los acusados que no enfrentó la justicia. Otros tres oficiales fueron condenados en 2012.
Un jurado de siete miembros deberá determinar si el exmarino es responsable de tortura, asesinato e intento de asesinato a las víctimas y ofrecerá un veredicto.
Los cuatro demandantes son familiares de Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villarreal de Santucho y Alberto Camps. Alegan que Bravo desempeñó un papel clave en el fusilamiento de 19 prisioneros políticos desarmados en una base militar de Trelew, en la Patagonia, en la madrugada del 22 de agosto de 1972.
De acuerdo con la demanda, Bravo fue uno de los militares que llegó a las celdas antes de que les ordenaran salir a los presos, formar una fila y dispararles, matando a 16 e hiriendo de gravedad a tres.
A lo largo del juicio de cinco días que se inició el lunes declararon en persona y por video los demandantes, expertos y el mismo Bravo, quien admitió haber ordenado los disparos y ser el primero en disparar. El exmilitar dijo que fue en defensa propia después de que uno de los presos tomó el arma de uno de los marinos y efectuó dos disparos.
Ningún militar resultó herido.
Es la primera vez que Bravo enfrenta a la justicia ya que en su país las leyes impiden el enjuiciamiento en ausencia. El exmarino, de 70 años, vive en Estados Unidos desde 1973 y es ciudadano estadounidense desde 1987.
La defensa del exmilitar ha tratado de presentarlo como un hombre de bien que llegó a Estados Unidos a estudiar, trabajar y abrir negocios y que se ha dedicado a su familia y a involucrarse con la comunidad. Además de las limitaciones del tiempo, alega que los familiares de las víctimas ya fueron recompensados en Argentina, que Camps fue uno de los sobrevivientes, y que el demandante Eduardo Cappello -que lleva el mismo nombre de su tío muerto en Trelew- no puede hacer un reclamo porque no es hijo ni esposo de una de las víctimas.
