QUITO (AP) — Ecuador afrontaba el reto de recuperar su economía y financiar los compromisos asumidos con la dirigencia indígena tras la firma de un acuerdo la víspera que puso fin a una paralización y protestas violentas de más de dos semanas para demandar la reducción del precio de la gasolina, entre otras exigencias.
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De acuerdo con cifras del Ministerio de Producción las pérdidas diarias por la paralización alcanzaron los 40 millones de dólares para el sector público y privado, que cuatro días antes del cese de las manifestaciones llegaban a los 500 millones de dólares y el incremento del riesgo país por sobre los 1.000 puntos.
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La evaluación de los costos para el país debe hacerse con una mirada integral que contemple lo cuantitativo y cualitativo, aseguró el presidente del Colegio de Economistas, Santiago García, quien cifró en 500 millones de dólares las pérdidas en producción y sobre los 100 millones de dólares el costo para el sector petrolero.
En declaraciones a The Associated Press, García consideró que también se debe tomar en cuenta el impacto que tuvo la movilidad social de sectores campesinos del país, donde según él de cada diez personas seis son pobres.
"El país ahora tiene que invertir y canalizar recursos para la atención de este sector”, señaló.
Por otra parte, el descenso del precio de combustibles de 2,55 el galón de gasolina extra a 2,40 y de 1,90 el galón de diésel a 1,75, llegará a los 3.100 millones de dólares, lo que implica “financiar el doble, no sólo por el paro, sino porque el Ecuador es deficitario en combustibles, sólo tres de cada 10 galones de combustible son producto nacional”, explicó García, del Colegio de Economistas.
Una de la demandas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) buscaba la reducción en 40 centavos el galón de gasolina y diésel, pero tras la firma de una acta de paz, se estableció en 15 centavos y el compromiso de trabajar en las mesas de diálogo un programa de focalización de subsidios al combustible.
De acuerdo con el gobierno, la firma de decretos que contemplan un subsidio del 50% en la urea, el incremento del bono de desarrollo humano en cinco dólares, la condonación de préstamos de la banca pública en deudas menores a los 3.000 dólares y la reducción de los combustibles en 15 centavos por galón de la gasolina extra y el diésel, superan los 800 millones de dólares.
“Hemos tenido que pasar un conflicto de esta magnitud … para ponernos de acuerdo que se necesita priorizar a los ciudadanos, a la gente del campo”, acotó García.
José Hidalgo, gerente de Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES), no coincide en la lectura de García. Previo al paro, el déficit fiscal de Ecuador era de dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB), que representan 2.000 millones de dólares, “pero ahora hay deterioro fiscal más considerable, que afectará la tasa de crecimiento que en el primer trimestre de 2022 se ubicó en 3,8% y que para el segundo trimestre que incluye junio, “seguramente será más bajo”, planteó.
Hidalgo considera que el costo real es “el precio que el Estado pagó para liberar al país del secuestro”. CORDES cifró pérdidas diarias de cinco millones de dólares en turismo, cinco millones de dólares en exportaciones de flores, 10 millones de dólares en comercio minorista, tres millones de dólares en el sector avícola y ganadero, sin contar aún con una evaluación del transporte varado durante la paralización o las pérdidas patrimoniales, la propiedad privada y pública, agregó.
A ello Hidalgo le suma cerca de 200 millones de dólares en el sector petrolero por la disminución de la producción y exportación de crudo.
En cuanto a los combustibles, aseguró que “es claramente una decisión que se tomó bajo una presión extrema y en términos económicos no traerá ningún beneficio”, pues se ha demostrado que los subsidios terminan beneficiando a sectores de acceso medio y alto, concluyó.
