MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
PUBLICIDAD
Amnistía Internacional ha denunciado este lunes que las autoridades lituanas han protagonizado un espectro de abusos contra los refugiados y los migrantes procedentes de Bielorrusia en "brutal" contraste con la recepción en la Unión Europea de la población llegada de la guerra de Ucrania. Detenciones ilegales, devoluciones sumarias y engaños son algunos de los delitos que señala la organización humanitaria.
PUBLICIDAD
"Las autoridades lituanas han detenido arbitrariamente a miles de personas en centros militarizados, donde han sido sometidas a condiciones inhumanas, tortura y otros malos tratos", sentencia la organización en un nuevo informe publicado este lunes, que denuncia las "condiciones sórdidas" y "casi carcelarias" en las que subsisten los migrantes
"Este trato contrasta brutalmente con la benevolencia con la que las personas que huían de la guerra de Ucrania han sido recibidas en la Unión Europea", ha lamentado Amnistía en un documento configurado a través de entrevistas a decenas de personas de países como Camerún, República Democrática del Congo, Irak, Nigeria, Siria y Sri Lanka.
El director regional de Amnistía Internacional para Europa, Nils Muiznieks, enmarca este doble rasero en "el racismo institucional que está arraigado en el sistema migratorio de Lituania."
En sus testimonios, muchos de los entrevistados denunciaron haber recibido palizas e insultos y sufrido actos de intimidación y hostigamiento por motivos racistas a manos de guardias en centros como el de Medininkai, cerca de la frontera con Bielorrusia, sin acceso adecuado a aseos o atención médica.
La situación se ha agravado desde julio del año pasado, con la aprobación de leyes que establecían la detención automática de quienes entraran de manera irregular en territorio lituano. Desde entonces, miles de personas han permanecido detenidas durante periodos prolongados, privadas de supervisión de las autoridades judiciales o devueltas de forma sumaria y violenta a Bielorrusia, donde no tienen ninguna posibilidad de pedir protección.
"CONDICIONES DE RECLUSIÓN INHUMANAS"
Centros como los de Kybartai y Medininkai están desbordados y sus instalaciones higiénicas "están en condiciones sórdidas". "Esto es una prisión", denunció un refugiado sirio bajo el anonimato, "no un campo de refugiados.
En Medininkai duermen en contenedores colocados en un campo de fútbol y para ir al baño deben salir fuera, con temperaturas bajo cero en invierno.
El 2 de marzo de 2022 por la mañana, una fuerza antidisturbios irrumpió en el centro de detención de Medininkai en respuesta a una protesta que había tenido lugar la noche anterior contra las condiciones del centro.
Mujeres y hombres relataron más tarde que los guardias y la policía los golpearon con la mano, las porras y pistolas eléctricas; los esposaron y los sacaron a rastras de sus "habitaciones" para llevarlos a unos contenedores endebles. Además, humillaron sexualmente a un grupo de mujeres de raza negra a las que obligaron a salir al frío, semidesnudas y con las manos atadas, y las encerraron en un contenedor, según imágenes de vídeo vistas por Amnistía.
Amnistía asegura que no se trata de un incidente aislado y que las fuerzas de seguridad emplean métodos "constitutivos de tortura", así como el "uso desproporcionado de la fuerza, como mediante el uso de pulverizadores de pimienta y otros tipos de material especial".
Los detenidos y detenidas también han sido sometidos a régimen de aislamiento, y han sufrido mordeduras de perro si trataban de escapar. Además, un psicólogo que trabajaba en el centro está siendo investigado por presunta violencia sexual contra personas que estaban bajo su responsabilidad.
Amnistía Internacional también documentó el hecho de que las personas detenidas racializadas, especialmente los hombres y mujeres negros, recibían insultos racistas profundamente ofensivos.
UN SISTEMA FALLIDO
En el ámbito legal, Amnistía también denuncia que los abogados que deben representar a las personas solicitantes de asilo en los procedimientos son contratados por el mismo Departamento de Migraciones cuyas decisiones se supone que deben impugnar, lo que expone a estos profesionales a posibles conflictos de intereses.
"Este sistema 'ad hoc' se basa en un grave riesgo de conflictos de intereses. Los abogados supuestamente contratados para asesorar y defender a las personas refugiadas y migrantes nunca las apoyan, y a veces incluso actúan en su contra en los tribunales. Este engaño es un obstáculo más para las personas que buscan protección", ha lamentado Muiznieks.
"Un año después de la introducción de la legislación 'de excepción' y unas políticas y prácticas conexas que han causado tanta desgracia y sufrimiento, es hora de que Lituania pase página. Las autoridades lituanas deben poner en libertad de forma inmediata a todas las personas que siguen detenidas en régimen de 'alojamiento de temporal', garantizar el acceso a procedimientos de asilo justos, indemnizar por todo el daño físico y mental sufrido, investigar los tratos abusivos infligidos a las personas y derogar toda la legislación perniciosa adoptada entre 2020 y 2021", ha remachado.
CONNIVENCIA EUROPEA
Por último, Amnistía critica la respuesta a todo esto desde la Comisión Europea, que ha oscilado entre "el elogio expreso y el respaldo tácito".
Los dirigentes de la Comisión explicaron a los miembros del Parlamento Europeo que las devoluciones sumarias son claramente ilegales, pero sugirieron que no hay pruebas contundentes de que se estuvieran produciendo. Ante esta situación, "el informe de Amnistía Internacional publicado hoy aporta indicios más que suficientes al respecto, como lo han hecho otras organizaciones y grupos locales durante el último año".
"La Comisión Europea sigue sin emprender un procedimiento de infracción contra Lituania, cuyas leyes, políticas y prácticas han vulnerado flagrantemente el derecho de la UE. Mientras tanto, los agentes de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) siguen apoyando a los guardias fronterizos lituanos en la labor de control de fronteras y otras actividades que pueden favorecer la perpetración de violaciones de los derechos humanos", lamenta la organización.
"Un año después de que Lituania intentara legalizar lo ilegal, la Comisión Europea sigue sin tomar medidas para que la legislación lituana se armonice con el derecho de la UE. Mientras permanezca inactiva, la Comisión Europea transmite a los Estados miembros el mensaje de que las leyes de la UE pueden violarse con impunidad", concluye Muiznieks.
