Unos 2.000 migrantes salieron el viernes del sur de México en una nueva caravana cuyos participantes dijeron no estar interesados en los permisos temporales con los que en otras ocasiones el gobierno mexicano ha disuelto este tipo de movilizaciones, sino que aspiran a que las autoridades les faciliten autobuses hacia la frontera con Estados Unidos.
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El grupo se formó apenas dos semanas después de uno mucho mayor que salió también de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, justo cuando líderes de todo el continente celebraban una cumbre hemisférica en Los Ángeles para hablar, entre otros temas, de cómo gestionar el creciente flujo migratorio hacia Estados Unidos.
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Unos 7.000 migrantes de esa caravana previa recibieron documentos temporales que les permitían el libre tránsito por México durante un mes, lo que implicó que muchos de ellos tomaran autobuses para llegar a la frontera norte del país. En ese plazo, los migrantes debían salir del país o regularizar su situación.
La intención de las autoridades migratorias, que han estado utilizando esta estrategia desde el pasado mes de octubre, es descongestionar el sur de migrantes. Pero los extranjeros, en lugar de acudir a otros estados y pedir allí refugio —evitando la congestión que tienen las oficinas de Tapachula destinadas a este fin—, utilizan esos documentos para llegar a la frontera con Estados Unidos y cruzar.
Los migrantes que caminaban el jueves por el estado de Chiapas dijeron que las autoridades de otras partes de México no han respetado esos permisos temporales y muchos migrantes fueron devueltos al sur.
“La marcha no quiere permiso de 30 días, la marcha no quiere visa humanitaria, queremos que las organizaciones y el gobierno (…) nos habiliten un corredor humanitario”, expresó el venezolano Jonathan Ávila, uno de los autonombrados líderes del grupo que, a diferencia de anteriores ocasiones, no está acompañado por activistas mexicanos.
“La visa no sirve”, señaló. “Con la visa los devuelven, las rompen”.
Las autoridades de algunos estados fronterizos bloquearon el paso a muchos migrantes de la anterior caravana. Otros siguieron caminando en pequeños grupos y muchos lograron cruzar el río. En cualquier caso, las caravanas son solo una ínfima parte de los miles de migrantes que cruzan cada día ilegalmente a Estados Unidos.
Héctor Martínez Castuera, un alto funcionario del Instituto Nacional de Migración, dijo la semana pasada en una conferencia de prensa en Piedras Negras, en la frontera con Eagle Pass, que el motivo fue que esos permisos temporales no eran para llegar a Estados Unidos sino para que regularizan su situación. Según explicó, cuando recibieron los documentos los migrantes fueron debidamente informados pero la mayoría optó por seguir con su objetivo, que era cruzar a territorio estadounidense.
En un primer puesto de control de la carretera en las afueras de Tapachula, las autoridades vieron pasar a los migrantes sin intervenir.
Muchos llevan tiempo quejándose de que las autoridades les contienen en el sur del país, donde hay menos oportunidades de trabajo, mientras la oficina para gestionar las solicitudes de refugio está totalmente desbordada, con lo que el proceso se ha ralentizado mucho. Solo cuando se han lanzado a caminar, el gobierno les ha dado otras opciones.
“(La espera) es un gasto demasiado grande, te ponen a que vayas de un lugar a otro.... Entonces uno en ese juego puede gastarse 100 o 150 (pesos) al día, tienes que comer en la calle, si estás en un refugio cuando tú quieres volver ya no te guardan comida”, explicó la colombiana Janet Rodas, que viaja con su pareja venezolana y una bebé.
Esta semana colectivos que agrupan a más de 60 organizaciones de derechos humanos recorrieron la frontera con Guatemala y observaron abusos y falta de transparencia en su trato hacia los migrantes.
Melissa Vertiz, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, dijo que entre las conclusiones del recorrido está exigir que la Guardia Nacional deje de funcionar como la entidad de control migratorio y que se permita a los migrantes continuar sus trámites en otros estados.
El senador opositor Emilio Álvarez Icaza, que acompañó a los colectivos, advirtió que lo que ocurre en la frontera sur es una bomba de tiempo que puede desencadenar una espiral de violencia.
“No hay conciencia de la crisis humanitaria que vive la frontera sur, no se tiene dimensión de lo que aquí ocurre y se está dejando a su suerte”, comentó en conferencia de prensa el jueves.
